El afán por lograr un rol mediático por parte de los servidores públicos es nefasto desde donde se le mire, porque lejos de informar sobre las ejecutorias reales de las instituciones públicas bajo su dirección y administración, resultan construyendo -con dineros públicos- narrativas falaces que en su gran mayoría procuran forjar una imagen personal del funcionario y no una seria de la institución pública que paga por estos servicios.
Aun cuando de este mal padecieron también muchos de los funcionarios de gobiernos anteriores -varios de los cuales hacen parte del actual- en el gobierno de turno ese mal parece haber hecho metástasis. Por eso mismo no resulta nada extraño el costoso traslado del equipo de RTVC a París para cubrir -en mi sentir- la asistencia del presidente de la república, quién procura a como dé lugar subirse en algún tren de la victoria de los triunfos de nuestros verdaderos embajadores: los deportistas. Todo ello para matizar tanto escándalo que lo rodea. El intento de subirse a la histórica presentación de la Selección Colombia en la Copa América le salió mal, y hasta vergonzosa, al presidente. Ahora intenta hacerlo en los Juegos Olímpicos.
En cambio, a la llamada “Fiscalía de Petro” a cargo de Luz Adriana Camargo, paradójicamente, se le venía cuestionando -por los mismos medios- por su silencio mediático -en mi opinión responsable- en contraste a cómo se comportan los integrantes del gobierno Petro y que los medios critican también por su afán mediático de desviar la atención sobre tanto acto de corrupción y comportamientos personales reprochables de sus funcionarios que trascienden a lo público.
Efectivamente la señora fiscal Camargo fue ternada por el presidente Petro, pero ello no significa que sirva ilegalmente a los intereses del presidente. Efectivamente la Fiscalía General de la Nación que dirige la doctora Camargo retiró al señor fiscal Mario Burgos del caso del hijo del presidente, Nicolás Petro, quién lo puso contra las cuerdas gracias a las declaraciones y pruebas que allegara la esposa del acusado, Day Vasquez, lo que no significa que no hubiere razones para hacerlo. Efectivamente, la señora fiscal general de la nación desde su posesión ha estado alejada de los medios, salvo por su reciente aparición en la que -torpemente en mi opinión- dejó ver al país su molestia frente a la pregunta que le hicieran sobre el fiscal Burgos, lo que no significa que la fiscal esconda algo y proteja al acusado.
Ahora, nada mejor que los servidores públicos se hallen trabajando y no fungiendo como protagonistas mediáticos o, peor aún, como simples activistas políticos en las redes sociales, cuando el país les paga un salario para que cumplan con las funciones establecidas en la ley. Por eso, aplaudo la postura de la señora fiscal Camargo y de la institución que ella dirige dedicada a trabajar, cuyos resultados o falta de estos serán las noticias que los medios están llamados a conocer y a difundir.
El primero de estos demuestra que la Fiscalía ni es de Petro y se halla trabajando con rigor y seriedad como lo corrobora la gravísima acusación formal que se hizo por conducto de la fiscal del caso en contra de quienes al parecer saquearon como vulgares bandoleros a la UNGRD, aun cuando el asunto le parezca al presidente Petro un caso menor. Caso que incluye ministros, embajadores, congresistas, altos y menores funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. La Corte Suprema de Justicia tiene ahora la palabra respecto de los involucrados que tienen la calidad de aforados.
La defensa que hace el presidente Petro del ministro Ricardo Bonilla tiene la misma credibilidad que su postura respecto de Armando Benedetti: ninguna. Las respuestas dadas en la entrevista que el ministro le diera a un importante medio televisivo -procurando demostrar transparencia- no le salió bien. Termina -en mi opinión- auto incriminándose o reconociendo que sirvió de idiota útil.
Como lo advertí hace un tiempo, Gustavo Petro quedó atrapado en su incapacidad de dirigir un gobierno y rodeado de sus amigos activistas nombrados como funcionarios sin la menor capacidad para trabajar y de lo peor de la clase política tradicional que él sigue manteniendo y, en varios casos, defendiendo.