A pesar del desbalance político vivido en Colombia, donde los gobiernos se repartían entre los mismos, el poder judicial fungió en ocasiones como contrapeso e impidió que arrasaran del todo con la democracia y la institucionalidad. Sin embargo, las gravísimas declaraciones del ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, señalan que habría habido quienes, ocupando su dignidad, buscaron destruir figuras políticas alternativas y de izquierda, y acusó otros hechos que deben ser investigados por las autoridades.
Los señalamientos que hizo sobre el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, y sus presuntas actuaciones para acabar políticamente con Gustavo Petro, y de las intervenciones paramilitares para torcer elecciones de cargos de elección popular como de la propia Fiscalía, plantean el interrogante sobre cómo dicha entidad actúa en relación con el hoy Presidente y el proyecto que este representa. Y con lo que se está destapando del caso Odebrecht, las preguntas no hacen sino ampliarse también a cómo desde ésta se enfrenta la corrupción.
Pasado el primer año del hoy Fiscal Francisco Barbosa, en febrero de 2021 la Comisión Colombiana de Juristas[1]acusaba la politización de la entidad y cómo el amigo del expresidente Duque actuaba con arbitrariedad frente a casos de corrupción, violencias y seguridad en los territorios y en aquellos relacionados a cercanos suyos. Este año, desde la CCJ reiteraron los señalamientos de favorecer la impunidad y criminalizar la protesta social[2].
Recientemente, la Secretaría de Transparencia señaló que el 94% de los hechos de corrupción está en la impunidad. Sumado a esto, se observa la ralentización de casos vinculados al gobierno de Iván Duque como la Ñeñepolítica, la inacción en el caso Odebrecht mientras la justicia de Estados Unidos sanciona a Corficolombiana por haber participado en sobornos a funcionarios colombianos, y el traslado de fiscales para entorpecer investigaciones como en el caso de mi padre, donde el escolta involucrado quedó libre por vencimiento de términos, entre otras actuaciones.
Pero aunado a lo anterior, pareciera que las acusaciones de Macaco sobre el ex fiscal se encarnaran en Barbosa, pues se observan señalamientos sobre asuntos de responsabilidad del ejecutivo y la ponderación política de las acciones que emprende el Presidente. Estas apariciones del Fiscal han generado afectaciones en la opinión pública y en el tejido social, al desplegar aparentemente una nueva forma de persecución política en el país a través de lo judicial.
Como nación vivimos diversas formas de guerra y múltiples violencias, muchas de ellas padecidas por la izquierda en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que bien Chomsky reseñó como la defensa del establecimiento más que la lucha contra enemigos externos. Afortunadamente, las formas han cambiado y el país ha decidido seguir el camino de la paz. En este sentido, Colombia da pasos firmes para abandonar la brutalidad en favor del entendimiento pacífico, pero es necesario dejar en evidencia que así como han cambiado las formas de relacionamiento, también lo ha hecho la forma en que se persigue a la izquierda colombiana.
Por ejemplo, y a pesar que Gustavo Petro ha denunciado férreamente la corrupción, como los casos de la Parapolítica y el Carrusel de la Contratación, hoy se despliega una campaña jurídico-mediática que busca desprestigiarlo y minar su base social a través de una aparente relación entre la Fiscalía y el medio Semana.
En medio de este panorama, el Presidente ha reiterado en varias ocasiones que el poder judicial tiene, y seguirá teniendo como corresponde en cualquier país democrático, todas las garantías y la independencia para actuar e investigar los casos que se presenten. Por lo mismo, esperamos ver sanciones para los verdaderos responsables en las investigaciones que deben seguir tras los señalamientos hechos por Macaco y Mancuso y las que devengan del proceso del Grupo Aval, Corficolombiana y Odebrecht. Sin embargo, como se ha visto en la Doctrina Barbosa, es de esperar que estas no lleguen a tener ni la resonancia, ni el ritmo, ni los resultados que tienen las que se despliegan alrededor del Presidente.
El Acuerdo Nacional que hemos propuesto implica el esclarecimiento de la verdad, y para avanzar en este necesitamos que la justicia sea independiente, imparcial, que goce de todas las garantías y que se superen los sesgos para que en conjunto podamos reconstruir la moral del país y hacer de Colombia una nación próspera y poderosa.
