Tan solo el surgimiento de la idea de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente por decreto con base en los Acuerdos de Paz de la Habana es antidemocrática y peligrosa. Los coautores del nuevo esperpento, por encargo, pescan en el río revuelto de crisis institucional que vive el país. Es importante establecer si se trata de una estrategia deliberada del presidente y sus asesores para introducir el tema en la agenda pública, o si esta coordinación surge de la espontánea politiquería de actores desesperados.
La raíz de esta controversia se encuentra en la interpretación extensiva de los Acuerdos de paz de La Habana. Leyva propone, basándose en una lectura particular de la introducción de dichos acuerdos, la posibilidad de convocar una constituyente por decreto. Este enfoque ha encontrado eco en algunos seguidores enceguecidos del megalómano presidente, quienes además consideran que se puede convocar la Asamblea mediante un decreto, pese a que ni el Acuerdo de Paz ni la Constitución del 91 lo prevé expresamente.
El título XIII (arts. 374 a 380) de la Constitución dispone los procedimientos para su reforma. Entre ellos, la convocatoria de la Asamblea Constituyente requiere: aprobación por mayoría en el Congreso, revisión de la Corte Constitucional y un referéndum que obtenga el voto favorable de más de la tercera parte del censo electoral (13 millones de votos aproximadamente).
Dichos artículos prevalecen sobre las demás reglas de la Constitución y los Acuerdos de Paz en lo que tiene que ver con esta materia, en virtud del principio de ley especial. La introducción de los Acuerdos de La Habana, que no menciona reformas constitucionales, no puede utilizarse como base para modificar la Carta. Así pues, las propuestas de representan, en realidad, un intento autocrático de cambiar las reglas del juego político para favorecer a Petro en su expresa intención de permanecer en el poder.
El presidente de la República, en reciente entrevista, desestimó la iniciativa con poca claridad y firmeza, lo que ha impedido calmar las preocupaciones de la ciudadanía. La convocatoria de la Asamblea Constituyente debe ser un proceso inclusivo, transparente y respetuoso de la legalidad. Además, la experiencia de Chile, que convocó una Asamblea Constituyente tras las protestas sociales de 2019, muestra que este mecanismo puede servir para ahondar la crisis institucional y la polarización de la ciudadanía.
Si la inclusión del asunto en la agenda pública es una estrategia, constituye un intento de desviar la atención de problemas reales como la crisis económica y la inseguridad, hacia una polémica que podría fracturar el tejido social, buscando concentrar el poder en el Ejecutivo. Si se trata de una maniobra desesperada por mantener relevancia, los actores que se aprovechan de la crisis expresan un profundo desprecio por la democracia y un coqueteo inadmisible con el autoritarismo. No me cansaré de repetirlo: en democracia, las formas son el fondo.
