Esta semana se ha consumado en España un disparate de los que hacen época. Los 350 componentes del órgano legislativo, las Cortes, como allí se llama al Parlamento, hablan y entienden el idioma español, la lengua vehicular del país. Todos hablan, escriben (aunque seguramente hay más de un ágrafo) y en general se comunican en el idioma de Cervantes.
Pues bien, como consecuencia de un proceso político que hubiera envidiado Cantinflas, han decidido dotarse de traductores y auriculares para entender lo que dicen algunos de sus compañeros, que ahora tienen la ocurrencia de hablar en catalán, vascuence o gallego en el recinto parlamentario. Atentos a la genialidad: los nacionalistas hablan en su lengua regional, y un traductor vuelca al castellano las intervenciones en esos tres idiomas. Y así, un catalán, pongamos por caso, que hable en esa lengua, se hará entender de un vasco en el idioma que ambos detestan: el español.
Lo más increíble del caso es que a esta charlotada se ha llegado para dar gusto a un prófugo de la justicia de cuya voluntad dependen los votos que le permitirán al actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, continuar en el poder algún tiempo más. Digo algún tiempo porque, aunque el período constitucional que hay en juego son cuatro años, en las actuales condiciones el hombre podría no llegar más allá de dos años más en el cargo.
El prófugo en cuestión se llama Carles Puigdemont, es un independentista catalán que tiene agarrado a Sánchez por los dídimos y lo ha puesto a hacer este tipo de contorsiones para darle sus siete voticos. El combo de peticiones del delincuente catalán es amplio, pero detengámonos en el desvarío de los traductores y auriculares de esta semana para ir más al fondo del asunto.
Cuando se redactó la actual Constitución española en 1978, después de años de dictadura franquista, un sabio senador de la época, Justino de Azcárate, republicano e institucionalista, hizo una propuesta a la que en mala hora no hicieron caso: que en la Carta Magna quedase por escrito que “nadie podrá ser obligado a conocer o usar una lengua regional”; cosa que, por cierto, decía la Constitución de 1931.
Y como en España los nacionalismos siempre han echado mano de la lengua para reivindicar su provincianismo, particularmente el vascuence y el catalán, esas dos lenguas regionales se han convertido en los últimos cuarenta años en un instrumento político de primera magnitud.
Las han impuesto en la enseñanza, han obligado a los funcionarios a conocerlas para obtener sus cargos públicos, han puesto espías en los patios de los colegios para delatar a los niños que hablen español, han obligado a los comercios a poner sus nombres en la lengua local; han impedido que a niños, cuyos padres piden que su hijo sea educado en español, se le enseñe en la lengua común de todos los españoles. Nada que envidiar al nazismo alemán, pues.
En momentos como éste es bueno recordar que el idioma español alcanzó su máximo esplendor en el Siglo de Oro, mientras decaía el uso literario del catalán y el gallego; la lengua vasca por su parte, estuvo reducida al uso familiar y rural, hasta el siglo XX. Y es que con el idioma español ocurrió lo que ha pasado siempre cuando una nación ocupa un lugar preeminente y se expande; ocurrió con el francés en siglo XVIII; y con el inglés en los siglos XIX y XX.
Cuando España se convirtió en potencia, pues, expandió el español. Y los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos han tomado ese hecho histórico, absolutamente entendible en todo el mundo, como una afrenta. De la manera más sectaria los nacionalistas de esas tres regiones españolas han tratado de atribuir a un proceso histórico la imposición de una lengua y la represión de otras. Identifican, además, al idioma español con el franquismo lo cual es de una ignorancia vergonzosa.
Durante el franquismo se hablaban esos idiomas en esas regiones; lo digo porque los oí hablar en esas lenguas en los años 60, cuando viajé a España por primera vez. Pero los partidos mayoritarios, Partido Socialista y Partido Popular, que han necesitado el apoyo de los nacionalistas para gobernar en algún momento les han sobado tanto el lomo que han terminado por desgastarlo. Las consecuencias son disparates como el de esta semana que apuntaba más arriba.
Un líder conservador del Partido Popular, José María Aznar, llegó a decir la bobada de que él hablaba catalán en la intimidad, para hacer gracia a los nacionalistas de aquella región. Para obtener el favor de sus votos le entregó al filibustero que entonces gobernaba en Cataluña, la total competencia de la educación, y el filibustero se dedicó a adoctrinar a los niños que, hoy ya mayorcitos, son los talibanes de su lengua.
Y —como dicen en España— de aquellos polvos estos lodos: ahora contemplamos a un presidente socialista imponiendo en el parlamento el uso de unas lenguas que convertirán los debates parlamentarios en un galimatías. Todo sea con tal de mantenerse en el poder.
