Los colombianos vienen siendo objeto de constantes anuncios sobre reformas que afectan a todos: tributaria, pensional, laboral, a la salud, exploración de petróleo y gas, precio de la gasolina, paz total, subsidios a delincuentes, compra de tierras, retiro y renuncia masiva de oficiales de policía y militares, día con o sin IVA, recuperar armas de las convivir, etc.
Lejos está de ser reprochable, per sé, que un gobierno ponga a discusión sus propuestas. Lo preocupante, es que la cascada de anuncios no viene acompañada de los documentos que describen y soporten las reformas anunciadas.
Esta realidad, genera un desgaste innecesario por el inerte debate sobre simples anuncios mediáticos; pero, especialmente, causa una dañina situación que detona en incertidumbre justificada en buena parte de los colombianos. Esto afecta la economía. Además, si a esos anuncios, le imprimen el tono de arenga y una actitud hostil gubernamental, flaco favor se hace al debate democrático.
Las multitudinarias y pacíficas marchas de esta semana, en rechazo a las “reformas” anunciadas, dan cuenta de que la incertidumbre social son una realidad, producto de la zozobra generada. Varios ministros y ministras, voceros y congresistas del Pacto Histórico, se equivocan utilizando una estrategia desordenada que da cuenta de un activismo desafiante y hostil en las redes sociales y no de un trabajo juicioso y serio. Incluido el ministro Ozuna, que parecía diferente.
A la incertidumbre por la ausencia de rigor en la formulación y presentación de propuestas gubernamentales, que permita conocerlas en su integridad y así poder estudiarlas y debatirlas democráticamente, se suma la cada vez más notoria actitud oficial de aplicar un doble rasero, que genera un daño mayor: desconfianza. El presidente Gabriel Boric, de la misma orilla ideológica del presidente Petro, señaló que existe un “doble estándar de la izquierda”, que da cuenta de que los partidos de esta orilla en Latinoamérica aplican el “doble rasero”.
Estos son algunos ejemplos domésticos que evidencian esa práctica: el mutismo frente al plagio del ministro Reyes, denunciado por Rodrigo Uprimny; lo propio, frente a los escándalos de contratación en EMCALI y la Alcaldía de Cali; la intervención en la elección del Contralor General; el nombramiento de embajadores que no son de carrera diplomática; el nombramiento de consejeras presidenciales sin experiencia; la creación de una nueva consejería presidencial; el nombramiento de personas con procesos penales en curso; la postura hostil frente a la pacífica marcha del 26S; los exóticos viajes de la primera dama; el racismo y clasismo selectivo; las pre-campañas presidenciales de alcaldes de izquierda en ejercicio; y, la diplomacia que esquiva la tozuda realidad de violación de los derechos humanos (DHH) en Nicaragua y Venezuela.
Sobre Venezuela, el informe de la ONU advierte que los servicios de inteligencia del gobierno Maduro, cometen “graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual.”
Le asiste razón al presidente chileno, quién dice: “Realmente me molesta cuando eres de la izquierda y entonces condenas la violación de los derechos humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”.
El gobierno debe reformular esa estrategia y generar acciones reales de coordinación gubernamental que contribuyan a su efectividad y a generar confianza en la sociedad. La respuesta a las manifestaciones sociales de quienes gobiernan, no puede ser -como está pasando- en adoptar una actitud arrogante, simplista e infantil de anunciar que son capaces de hacer marchas gobiernistas más grandes, al estilo chavista. La respuesta democrática gubernamental, está obligada a escuchar y trabajar para todos. No hacerlo, augura una implosión al interior del gobierno o, más grave, una explosión social de verdad.
