La historia actual de Colombia deberá tener presente dos fechas para recordar hacia dónde quiere conducir el gobierno a la Policía Nacional. La primera, el 22 de julio de 2022 cuando el presidente Gustavo Petro designó a Iván Velásquez como ministro de defensa. La segunda, el 12 de abril de 2023 cuando se anunció la salida del general Henry Sanabria de la dirección de la institución, y en su reemplazo asumiría el general William Salamanca, quien hasta ese momento se encontraba retirado del servicio activo de la Institución y se desempeñaba como cónsul en Miami.
En cuanto a la gestión del ministro, su primer anuncio fue cambiar a la Policía Nacional del ministerio de defensa a otra cartera ministerial -justicia o del interior-, lo que podría derivar en una politización de la Institución, propuesta plasmada en el plan nacional de desarrollo del gobierno, y gracias a la acción de congresistas sensatos se demostró con argumentos jurídicos y lógicos, la necesidad de posponer esta iniciativa, si bien la Policía no hace parte de las FFMM, las particularidades de la seguridad local demuestran que Colombia no se encuentra preparada, y requiere un debate profundo y muchos años de maduración para un cambio de esta naturaleza.
Otra evidencia que el ministro Iván Velásquez no era el indicado para desempeñar el cargo para el cual fue nombrado, son las críticas y el resentimiento hacia la Policía Nacional que abiertamente demostraba antes de asumir ese ministerio. En sus trinos se observa su poco respeto a la Institución, en uno de ellos del 6 de junio de 2021, decía por ejemplo: “manzanas podridas”, que son “hechos aislados”, que es respetuosa de los DDHH y bla, bla, bla. Entonces ¿a qué se refiere Duque cuando anuncia una “reforma profunda” a la Policía Nacional de Colombia? Institución tan perfecta sólo requiere uniforme azul!
Por su parte el presidente, incluso desde antes del inicio de su gestión ha sindicado a la Policía, sin pruebas, como una Institución represora de los DDHH; entonces en función de su lógica progresista e intereses particulares, ha impuesto al cuerpo de policía el desmonte de sus capacidades, comenzando por lo que todos conocíamos como el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-, héroes que soportaron la democracia durante el pasado estallido social entre el 2019 y 2021. Recordemos que en estas protestas fueron asesinadas 27 personas, incendiados juzgados, hoteles e instalaciones policiales en 25 ciudades, con más de dos mil heridos entre civiles como uniformados.
Igualmente, al asumir la presidencia dejó a la Institución con solo 8 generales para comandar más de 160 mil integrantes, y desde ese momento no ha cesado el debilitamiento policial disfrazado de cambio, con la salida de oficiales de alta graduación quienes deberían contribuir al liderazgo de la Institución. Lo que parece una campaña para convertir a la Policía Nacional en un ente vacío, incapaz de luchar contra la inseguridad rampante del país. Me surge entonces dos preguntas: ¿qué desea obtener el gobierno con estas acciones sistemáticas?; ¿el fin de la paz total es la capitulación de la institución policial?
Lo cierto es que los indicadores de seguridad para el 2023 no le favorecen al país, el manejo del orden público en este gobierno no va bien, tienen al país cargado de masacres con 94 eventos y 303 víctimas, y asesinados 181 líderes sociales y defensores de DDHH, con niveles de secuestros que hace años no se registraban, el cual se ha incrementado un 39%, la extorsión sin control, se registraron un total de 10.263 denuncias, pero ni siquiera es el 1% de la realidad, este es el delito con el mayor subregistro; el narcotráfico se ha repotenciado, con cerca de 300 mil hectáreas sembradas de esta planta, con un cese de operaciones para su erradicación, y un modelo de sustitución de cultivos ilícitos propuesto que se queda corto en los resultados.
En cuanto al director general actual de la Policía Nacional, ha sido abiertamente un opositor al proceso de transformación institucional que se hizo en el gobierno del presidente Iván Duque, un esfuerzo de dos años en donde se logró edificar unas reformas trascendentales para la Policía, enmarcada en cuatro pilares relacionados con renovar las condiciones de carrera y profesionalización policial; una reestructuración del estatuto disciplinario; rediseño en el servicio de policía; así como ajustes en la identificación e imagen del uniformado de policía.
Un cambio de tal tamaño no se había visto en décadas, hoy, dos leyes que se lograron promulgar no se han desarrollado, sus integrantes se sienten desmotivados sin el acompañamiento de sus líderes y señalados por los casos de criminalidad presentados en sus jurisdicciones, y sin un respaldo legal e institucional ante los procedimientos que realizan en servicio, e incluso los policías se encuentran mal uniformados, unos con prendas color azul y otros de color verde.
Para la democracia colombiana, la Policía Nacional ha sido trascendental en la protección de los DDHH, para aplicar la ley y conectar a los ciudadanos con el Estado, ya que junto con las FFMM, en la gran mayoría de veces son las únicas instituciones que se encuentran en los territorios más alejados.
El gobierno debe entender el rol de la Policía Nacional en la actual modernidad, promover su fortalecimiento y profesionalización, así impulsará el mejoramiento de su servicio y el cumplimiento de su misión, y alejar las iniciativas para desmontarla y crear una a la medida de intereses oscuros. Debilitar la Policía es apostarle a una sociedad en caos total.
