Durante el Congreso Internacional de Derechos Humanos, celebrado hace un mes en Barranquilla, la Defensoría del Pueblo reportó 1310 casos de violencia contra las mujeres en lo que va corrido del año, incluyendo 59 intentos de feminicidio y nueve feminicidios confirmados. Teniendo en cuenta el subregistro, atribuido —entre otros— a la estigmatización y la falta de confianza en las autoridades, la prevalencia de la violencia contra la mujer refleja una tragedia social y cultural que debe combatirse intersectorialmente.
El feminicidio, definido como el asesinato de mujeres por razones de género, puede abordarse desde sus raíces socioculturales y psicológicas. En Colombia, en buena medida por la desigualdad estructural, la salud mental aún no se asume como un problema de sanidad pública en todos los círculos sociales y territorios del país. La desatención conlleva a que trastornos delirantes, como los celos patológicos intensos, puedan desencadenar en actos violentos contra la mujer.
Esta situación se agrava en los contextos de consumo de alcohol, directamente proporcional a los altos índices de desempleo y falta de oportunidades: un caldo de cultivo para la frustración y la ansiedad. Además, la cultura del machismo todavía permea nuestra sociedad con discursos de normalización de la agresión contra las mujeres.
Para combatir eficazmente el feminicidio, deben mantenerse los programas de concientización, fortalecerse los servicios de salud mental y mejorarse las políticas de empleo. Algunas de estas medidas han sido ampliamente acogidas, pero la prevalencia de la violencia implica que deben fortalecerse y extenderse los programas actuales.
Las iniciativas educativas y de sensibilización son herramientas útiles para reemplazar la cultura del machismo. Debe enseñársele a los jóvenes sobre el manejo de emociones y frustraciones con programas de apoyo escolar y la inclusión de la salud mental en los planes de estudio. Las campañas de sensibilización y programas educativos son útiles para cambiar las percepciones y actitudes hacia las mujeres desde edades tempranas.
El feminicidio tiene consecuencias devastadoras en la estructura social y económica de Colombia. Estos actos no solo son tragedias individuales, sino que su impacto repercute en la comunidad, afectando el desarrollo económico, social y familiar. Por tanto, el empoderamiento económico de las mujeres mediante programas de formación profesional y el acceso a créditos puede contribuir significativamente a su independencia y reducción de la vulnerabilidad ante la violencia.
Para abordar estos retos, es crucial adoptar un enfoque intersectorial que incluya la cooperación entre instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Sería conveniente que el Dane monitoree y analice los casos de violencia de género para proveer a las autoridades de una herramienta objetiva y actualizada de las dinámicas y evolución de la violencia contra la mujer. Con base en estos datos, podría evaluarse la efectividad de las políticas públicas para ajustar las estrategias implementadas.
Enfrentar la violencia de género en Colombia es un imperativo ético que refleja la falla estructural de nuestra sociedad. La educación y concientización son clave para desmontar el machismo cultural, mejorar los servicios de salud mental, fomentar el empleo inclusivo y empoderar económicamente a las mujeres. La cooperación intersectorial y el seguimiento riguroso deben ponerse al servicio de la implementación de soluciones efectivas y el ajuste de las políticas públicas. Solo a través de un compromiso colectivo sostenido podremos promover un futuro libre de violencia y discriminación para todas las personas.
