Dada la gravedad de la situación, hoy voy a referirme a la brutal reacción de Gustavo Petro por la radicación de la ponencia de formulación de cargos del Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de su campaña de 2022.
El tema jurídico-político es claro: la campaña presidencial, gerenciada por Ricardo Roa, para el período 2022-2026 viene siendo investigada para establecer si hubo, o no, una contravención al artículo 109 de la Constitución que a la letra dice: “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo.”
Coincido con Petro en que hay una “emergencia democrática” porque si la investigación arroja un resultado positivo estamos, por un lado, ante la ratificación de un gobierno enteramente ilegítimo y, por el otro, ante una vacante institucional. Pero, ni ignoramos los tiempos que suponen un trámite institucional de esta naturaleza y tampoco la temeraria y peligrosa conducta de Petro y su gente.
El trámite institucional está a la mano de los colombianos, lo gravísimo es la feroz reacción de Petro enviando un mensaje abiertamente peligroso para la estabilidad del país y para la imagen internacional de Colombia como un país de tradición democrática.
En efecto, y como de costumbre, Petro ha llamado a sus bases para que salgan a las calles en su apoyo a pesar de que el país conoce la manera en que la gente de Petro se moviliza. Ebrios de odio, agresividad y resentimiento, estas “barras bravas” solo conocen de la violencia y el terror para expresarse políticamente. Llámese Primera Línea o como quieran, el país sabe de qué tipo de organizaciones estamos hablando.
Petro insiste falazmente en que en esto no hay un trámite jurídico e institucional sino un “golpe blando”, aun cuando todos sabemos que lo único que pretende Petro es subvertir la realidad y que si fuese otro gobierno, sobre todo, uno que no fuera tan condescendiente con la criminalidad camuflada baja la figura del “delito político”, el mismo Petro estaría agitando las pasiones de su gente para salir a destruir lo que a su paso encuentren, so pena de una violación a los topes electorales, legalmente establecidos, para efectos de la financiación de campañas.
Es más que evidente que Petro quiere ponerse por encima de la Constitución y de todo el ordenamiento jurídico que de ella se desprende. Lo dice él mismo. Ese es el verdadero golpe de Estado y, por lo tanto, no nos vamos a dejar subvertir los hechos. Acá el único que viene golpeando a la institucionalidad republicana es el mismísimo Petro toda vez que ahora ha dicho que se va a quedar en el poder hasta cuando el “pueblo” diga y no hasta cuando el mandato, institucionalmente establecido, lo señala. Reitero, coincido con Petro en que hay una “emergencia democrática” pero inducida por él mismo, y su gente, al querer pisotear la Carta política de 1991.
Esparciendo mentiras a través del odio y del veneno, Petro ha hecho invivible el país y lo ha lanzado por el abismo del quiebre institucional ahora que no se va a someter a cumplir la constitución ni la ley, pues, amabas le tallan. Lo anterior se confirma por la puesta en escena de ayer en El Pozón, Cartagena, donde vimos al auténtico Gustavo Petro, a quien apoyaron muchos sectores del país para que llegara a fracturar y lesionar el orden democrático y completar la tarea de odio nacional que empezó Juan Manuel Santos Calderón. Quienes los apoyaron son también responsables de la debacle institucional que vive Colombia por cuenta de esta “Administración por Sobresaltos”.
Así, la agresiva reacción de Petro se explicaría únicamente porque sabría que su campaña violó la Constitución y las leyes y que, en consecuencia, ha quedado al descubierto. Entonces, conforme a su ADN -como dice el mismo Santos- solo ve como salida a su propio entramado los peligrosísimos caminos de la sedición y la rebelión; en otras palabras, como dice el magistrado Jaime Arrubla Paucar, el camino de “la subversión institucional”.
No nos llamemos a engaños. Es Gustavo Francisco Petro Urrego el que ha llamado a la violencia, ayer desde la guerrilla, y hoy en su condición de inquilino de la Casa de Nariño. Manipulando a un segmento de la población ha dicho que no pueden regresar al Ejecutivo sus opositores y expresamente hace un llamado a una organización popular permanente contra las instituciones del Estado. Mientras tanto, toda la Administración Pública paralizada.
Ir hasta donde el pueblo quiera es de una irresponsabilidad total porque es el turbulento camino de las pasiones, el desconocimiento de los temas de Estado y la violencia como norma de conducta, tal como Ortega y Gasset lo decía hace un siglo. A partir de este momento, Gustavo Petro se hace responsable política e históricamente por lo que suceda en el futuro próximo con la paz y la estabilidad de Colombia.
El llamado a todos los colombianos debe ser el de la sensatez y la serenidad. La investigación del CNE debe seguir su curso legal e institucional, Petro debe intentar hacer gobierno, la oposición no puede caer en el juego del odio que este Gobierno representa, las Fuerzas Militares solo deben escuchar la voz de su profesionalismo y la ciudadanía debe ser lo suficientemente inteligente para no dejarse arrastrar por los intereses personales de un personaje tan siniestro como irresponsable. Por encima de todo, la democracia y la paz deben prevalecer.
