Venezuela no siempre fue sinónimo de crisis; durante gran parte del siglo XX e inicios del XXI, el país experimentó una bonanza económica impulsada por el petróleo. No obstante, el exceso de confianza en los ingresos petroleros y la consolidación de un poder hiperpresidencialista pavimentaron la ruta hacia el autoritarismo. El rápido deterioro de su economía y el desmantelamiento progresivo de instituciones democráticas evidencian que ningún país está exento de caer en la trampa de la dictadura, incluso contando con gigantescos recursos naturales.
Sin embargo, hoy desgraciadamente es el país con la segunda mayor crisis de desplazados en el mundo, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, a finales del año 2023, más de 7 millones de venezolanos se encontraban en condición de migrantes o refugiados en diferentes países alrededor del mundo, cifra que refleja la magnitud de la crisis actual (ACNUR, 2023). Asimismo, la escasez de alimentos, medicinas y oportunidades laborales llevó al colapso social, lo cual se traduce en un ¡apocalíptico éxodo masivo! Este fenómeno debe considerarse como una advertencia para Colombia, donde es imperativo el fortalecimiento de las instituciones y donde, sí o sí, se debe garantizar una economía estable, para evitar una situación similar.
En este orden de ideas, Colombia como país vecino no puede ignorar los indicios y situaciones que podrían ponerla en una situación similar, y es crucial analizar cinco indicadores de riesgo que han marcado el declive venezolano. Ahora bien, el primer elemento que podría afirmarse, logró desencadenar la crisis fue la concentración del poder en el Ejecutivo. De acuerdo con el Informe de Human Rights Watch (2021), el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela terminó plegado al Gobierno, es decir, que este Tribunal dejó de actuar con independencia y pasó a respaldad casi sistemáticamente las decisiones del poder Ejecutivo.
En otras palabras, en lugar de fungir como un contrapeso que revisara y limitara los actos del Gobierno – tal y como lo exige el principio de separación de poderes para una democracia - este tribunal validó y legitimó las acciones del Ejecutivo, incluso en casos en los que podían vulnerarse derechos fundamentales o las competencias de otros poderes del Estado, como la Asamblea Nacional.
En tal sentido, Colombia, país que aún cuenta con un sistema de pesos y contrapesos en sus instituciones públicas, debe permanecer vigilante para evitar el riesgo de que las Cortes o el Congreso sean cooptados por intereses político – partidistas, ya que la independencia de los poderes es el primer “dique” contra el autoritarismo.
Durante el Gobierno Petro, ha habido algunos choques mediáticos con la Fiscalía General de la Nación, lo que refleja una tensión natural entre un gobierno que busca impulsar su agenda legislativa; lo que demuestra es un panorama político donde hay tensiones normales en la dinámica democrática: de un lado, un gobierno con ambición reformista y por otro lado, un grupo de instituciones que ejercen control y limitan la actuación del Ejecutivo cuando lo consideran excesivo o inconstitucional.
Como segundo elemento, la toma progresiva de los medios de comunicación independientes y la persecución a periodistas críticos, fueron determinantes en la deriva autoritaria de Venezuela. Según el Instituto de Prensa y Sociedad – IPYS, el cierre o la censura de medios críticos profundizó el aislamiento informativo de la ciudadanía. En Colombia existen preocupaciones recurrentes sobre la seguridad e integridad de los periodistas y el riesgo de autocensura, el presidente Gustavo Petro en diversas ocasiones, ha cuestionado la objetividad de ciertos medios de comunicación, acusándolos de cubrir su gobierno con sesgos ideológicos o de privilegiar algunas narrativas adversas a su proyecto político.
Asociaciones de periodistas y defensores de la libertad de prensa en Colombia han manifestado su inquietud por el tono y la vehemencia con que el mandatario y algunos funcionarios responden a la cobertura mediática. En este orden de ideas, la protección a la libertad constituye una condición esencial para una democracia sólida, pues sin prensa libre, no hay un control social efectivo.
Un tercer elemento se encuentra relacionado con la bonanza petrolera dio paso a un colapso económico que el Fondo Monetario Internacional – FMI calificó como una de los más representativos y agudos en América Latina. La hiperinflación, el desabastecimiento y la corrupción sistémica – documentada por Transparencia Internacional (2021) – lograron erosionar la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía. En virtud de lo anterior, Colombia ha logrado mantener una estabilidad relativa, pero la persistente corrupción y desigualdad social deben enfrentarse con políticas públicas efectivas y transparencia para evitar el deterioro institucional que abre paso a lideres con agendas personalistas.
Como un cuarto elemento se tiene que Venezuela alcanzó notoriedad por la represión, empleando cuerpos de seguridad del Estado y grupos parapoliciales para silenciar protestas. En relación con lo anterior Amnistía Internacional (2020) denunció el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y opositores políticos. Colombia con su historia de conflicto armado y altos niveles de violencia, ha demostrado la importancia de mantener a las fuerzas militares bajo un estricto control civil. Cualquier intento de debilitar ese control podría desembocar en un uso discrecional de la fuerza en contra de la ciudadanía.
Como quinto elemento se podría mencionar que la confianza en las instituciones electorales debe considerarse como un pilar básico de toda democracia. En Venezuela, la manipulación de los procesos electorales ha sido ampliamente denunciada por observadores internacionales y opositores al régimen. En la actualidad, cualquier señal de fraude o desequilibrio en las reglas de juego electoral siembra desconfianza en los ciudadanos. Colombia por su parte, se enorgullece de su sistema electoral, sin embargo, debe extremar la vigilancia en torno a la transparencia, la financiación de campañas y la imparcialidad de los órganos electorales.
En el contexto colombiano, estos cinco indicadores —centralización del poder, censura mediática, inestabilidad económica, uso represivo de la fuerza y manipulación de los procesos electorales— deben servir de campanada de alerta. Colombia ha logrado avances significativos en su institucionalidad, pero la corrupción, la polarización política y la violencia siguen siendo males latentes que pueden exacerbarse si no se manejan con políticas firmes y consensuadas. La mejor manera de honrar la memoria de las dificultades superadas es evitando retroceder hacia los mismos callejones sin salida que condujeron a Venezuela a su crisis actual.
El caso venezolano demuestra cómo un país con riqueza y prosperidad puede caer en la deriva autoritaria y la pobreza generalizada cuando las instituciones se debilitan. Colombia debe aprender de esa lección, reforzando la separación de poderes, promoviendo la transparencia, protegiendo la libertad de prensa y apostándole a una economía diversificada y sostenible. Cerrar los ojos ante estos riesgos solo aumenta la posibilidad de repetir una tragedia que, en pleno siglo XXI, sigue cobrándose la calidad de vida y los sueños de millones de venezolanos. Mantener la democracia viva es una responsabilidad de todos: gobernantes, ciudadanía y sociedad civil.
Ante este terrible panorama es fundamental ponerle el ojo a lo que va a pasar en Colombia en el 2026, y no solo estoy hablando de la Presidencia, también hablo del Congreso de la República en donde se toman las decisiones más importantes que trazan el futuro del país. Amanecerá y veremos.
