Realidades y responsabilidades del Grupo Energía Bogotá
En los últimos meses, se ha venido alimentado un creciente temor en torno a una posible crisis energética en Bogotá, eco de las declaraciones provenientes del Grupo Energía Bogotá (GEB) y algunos sectores del gobierno Distrital. Este tema de vital importancia para la capital y sus habitantes, implica evaluar a profundidad las causas, consecuencias y soluciones para garantizar la sostenibilidad eléctrica de Bogotá.
En el reciente debate de control político adelantado desde la bancada de la Unión Patriótica en el Concejo de Bogotá, se pusieron en el centro del debate los siguientes elementos que permiten comprender la situación actual. Primero, la posibilidad de una crisis energética, que, según varios expertos, no es consecuencia de una falta de recursos energéticos, sino de una mala gestión histórica por parte del GEB con las comunidades. Segundo, la creciente demanda de energía en la ciudad es el resultado de una planificación urbana inadecuada basada en satisfacer el voraz apetito inmobiliario y una movilidad fundada en buses. Y tercero, la urgencia de avanzar hacia una transición energética justa, si Bogotá quiere garantizar un futuro sostenible.
Una estrategia privatizadora con consecuencias visibles
Uno de los argumentos más contundentes del debate es la evidencia de que la privatización de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) ha dejado a la ciudad en manos de una multinacional privada, Enel Colombia, para la distribución y comercialización de su energía. Este proceso comenzó en los años 90, cuando la EEB fue dividida en varias empresas más pequeñas y privatizadas. Enel adquirió gran parte de ellas y, a través de una fusión con el GEB en 2021, consolidó su control sobre la provisión de energía a los hogares y empresas bogotanas.
Lo que para algunos fue una estrategia de modernización, fue realmente una táctica para beneficiar al sector privado. Actualmente, el GEB, con una participación del 42,5%, depende completamente de Enel para la prestación del servicio eléctrico. La dependencia de la capital de una empresa privada para algo tan fundamental como la energía levanta preguntas incómodas sobre la sostenibilidad y seguridad de la ciudad en caso de cualquier contingencia o decisión comercial adversa por parte de Enel.
El GEB y su rol en la “crisis energética”
A pesar de ser el principal accionista del GEB, con un 65,68%, el Distrito ha fallado en asumir un rol más activo en la gestión de la empresa. En lugar de buscar soluciones basadas en transición energética justa para satisfacer la creciente demanda energética, el GEB ha optado por implementar proyectos de transmisión que no cumplen con las normativas ambientales, lo que ha provocado su rechazo por parte de comunidades locales en departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca.
Tres de los proyectos clave para garantizar la energía futura de Bogotá, todos impulsados por el GEB, han sido suspendidos por parte de la ANLA debido a incumplimientos normativos y conflictos sociales. Entre ellos, el proyecto Chivor II Norte Bacatá (UPME 03-2010), que afectaría áreas protegidas en Cundinamarca y Boyacá, y el proyecto Sogamoso (UPME 01-2013), que plantea riesgos significativos para la reserva forestal del río Magdalena y los ecosistemas de páramo.
El discurso del GEB y la administración Galán, se ha centrado en responsabilizar al Gobierno Nacional por la falta de avance en estos proyectos, escondiendo y reduciendo los conflictos sociales y ambientales evidenciando la falta de voluntad gubernamental y empresarial para dialogar con las comunidades.
Gracias a las gestiones adelantadas por el Ministerio de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el GEB y los diferentes sectores sociales se ha venido avanzando en la búsqueda de alternativas a los trazados y los proyectos, que permitan solucionar los conflictos y permitir la construcción de las líneas de transmisión necesarias para garantizar la sostenibilidad de eléctrica para satisfacer la demanda.
La necesidad de una transición energética justa
Ante esta situación, una de las pocas certezas es que Bogotá debe acelerar su transición hacia energías renovables si desea evitar una crisis a largo plazo. Actualmente, la matriz energética nacional depende en un 65,3% de la energía hidráulica y un 30% de la energía térmica, ambas con altos costos ambientales. El reto para la ciudad es reducir esa dependencia y aprovechar mejor las fuentes no convencionales, como la energía solar y eólica, que representan apenas el 3,7% y el 0,1% de la matriz, respectivamente.
El Gobierno Nacional ha establecido un objetivo ambicioso: para 2027, el 26% de la energía generada en el país debe provenir de fuentes limpias. Sin embargo, desde el GEB, la respuesta ha sido que es Enel, el actor privado, es quien lidera los proyectos de energía renovable, dejando de lado su responsabilidad con la transición energética y la búsqueda de alternativas para satisfacer las demandas de la ciudad.
Una ciudad entre lo público y lo privado
Bogotá enfrenta un desafío crítico: depender de empresas privadas para satisfacer su creciente demanda de energía mientras lidia con un entorno urbano en expansión y con presiones climáticas cada vez más apremiantes. Las decisiones tomadas en las últimas décadas, orientadas a beneficiar intereses privados, han dejado a la ciudad vulnerable a problemas como el de hoy. El GEB debe asumir su responsabilidad, no solo como empresa sino como ente comprometido con el bienestar público. La solución pasa por implementar proyectos que respeten la normatividad ambiental y por planificar una ciudad que supere la dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad.
