¿Y de Ordóñez qué?

Ayer el país conoció de la abultada condena en contra del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. La Corte suprema de Justicia lo condenó a más de 17 años de prisión por el caso Agro Ingreso Seguro específicamente por los reatos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y por la adjudicación de recursos a poderosas familias y empresarios, según la corporación. Adicionalmente como pena accesoria le impuso una elevada multa de $30.800 millones de pesos. Esto como es normal le dio la vuelta al mundo de los medios de comunicación sobre todo a pocos días de la posesión de expresidente Uribe como Senador de la República. Ya me imagino cómo van a coger esto de caballito de batalla para darle la bienvenida al exmandatario. Las opiniones en las redes sociales y los editorialistas sobre este asunto es evidente que están muy divididas. Es de esperarse que esa condena sea impugnada por la defensa de Arias pero mientras eso pasa ya le libraron orden de captura internacional para que responda ante la justicia colombiana. De otra parte también hay opiniones divididas en el caso de la reelección del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez. Si bien es cierto que son dos temas distantes, en ambos casos hay unas zonas grises que han sido protagonistas en ambos procesos. Se supone en uno y otro caso las razones que llevan a los fallos adversos a los interesas de exfuncionario y del Procurador en ejercicio, deberían ser jurídicas y no políticas. Desafortunadamente en nuestro país polarizado y politizado – hasta en las víctimas – las decisiones de quienes administran justicia están impregnadas por lo general de aspectos políticos. Pues bien, el debate es de orden constitucional, ya que es la Carta Política la que trata el tema de períodos y reelecciones de funcionarios públicos y en ese sentido hay que emprender el camino del fallo ajustado a derecho; esto es haciendo una interpretación exegética de la constitución sobre la materia. Dice la actual Revista Semana con un tufillo a ironía que “sería toda una paradoja que a Alejandro Ordóñez, que ha destituido funcionarios a diestra y siniestra, ahora el Consejo de Estado le dé una dosis de su misma medicina y que  para la mala fortuna de Ordóñez, hoy en Colombia también está de moda ir contra la reelección en cualquiera de sus expresiones”. El asunto de fondo es el siguiente. Se debate la reelección de Ordóñez por varias razones. La primera por la aplicación de un principio del derecho que dispone que el ciudadano particular puede hacer todo lo que no le esté prohibido mientras que el funcionario público sólo puede actuar con arreglo a lo que de manera expresa la Constitución y la Ley le impongan. Visto lo visto se desata la controversia en la interpretación de disposiciones constitucionales, pues una parte argumenta que en ningún aparte de la Constitución se habla de la posibilidad de reelección de la figura del Procurador. Reza Artículo 276 de la Carta que El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Esta es la argumentación del Consejo de Estado para la ponencia que podría dejar sin piso al alto funcionario. De otra parte la postura es diferente, pues se argumenta que si no está prohibido debería poderse reelegir la figura del Procurador. Dice el Dr. Mauricio Fajardo -ex magistrado del Consejo de Estado-, que se está frente a un derecho fundamental como es el de elegir y ser elegido, y que si hubiera prohibición, esta debería ser expresa en el texto constitucional. Esto se presta para un interesante debate por considerar que hay vacíos constitucionales en la materia, que darían para un debate jurídico hilando muy delgado, pero como el asunto no es tan jurídico sino más bien político-doctrinario, el Consejo de Estado va a correr para prohibir a Ordóñez su reelección. Esto no extraña en nuestro país. Desde los jueces promiscuos hasta las altas cortes las decisiones judiciales están empapadas de una buena cuota burocrática y sucia. No será que Santos no lo quiere dejar seguir por argumentar con contundencia que el Marco Jurídico para la Paz es una afrenta al Estado Social de Derecho así como el proceso de paz? Abrazo cálido. Seguimos trabajando. @colconmemoria presidencia@colombiaconmemoria.org