Voto a conciencia, el verdadero poder

En una semana los colombianos elegimos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Es una maravillosa oportunidad para votar por los mejores y salir de tanto calandrajo, ratero y mentiroso, que se ha tomado la cosa pública cual botín de pirata. Ya lo decía en otro artículo: la política se ha vuelto un “recicladero” al que llega quien no sirvió para nada mas, cuando debería ser un escenario solo reservado para los mejores. Es sencillo: hay que ungir con el favor popular a los más preparados, honestos y competentes. La decisión está en cada uno de nosotros y solo requiere de un poco de voluntad y conciencia. No se puede incurrir en el error fundamentalista de señalar que no hay con quién: en toda la geografía nacional, hay muy buenos candidatos. También es justo reconocer que actualmente ejercen dichos cargos de elección popular algunos funcionarios decentes, aunque, lastimosamente, son la minoría. Ante la terrible realidad que vivimos, en la que la corrupción se ha tomado casi todo, es momento de reflexionar hacia dónde vamos y qué país queremos legarles a nuestros hijos. El saqueo del erario debe tener, por una parte, una respuesta contundente del Estado, a través de la judicialización de sus autores, y, por otra, de toda la comunidad, dando aplicación a la sanción social, que en algunos casos resulta más efectiva que el poder punitivo de la justicia. La corrupción es una plaga maldita y hay que erradicarla, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. La democracia, así sea imperfecta como la nuestra, es un mecanismo o forma de gobierno que permite expiar los errores de los electores: cada cuatro años, por cuenta del sufragio, tenemos la oportunidad de elegir nuevos prospectos de la política; en otras palabras, si en el pasado nos equivocamos votando por una persona inadecuada, existe la posibilidad de la reivindicación, cuando posteriormente se elige a uno que hace las cosas bien. La corrupción ha sido el eterno problema de los pueblos de América Latina, recuentos históricos y cientos de documentos prueban dicha afirmación. El mismísimo libertador Simón Bolívar se vio obligado a emitir un decreto, cuyo propósito era detener el “robispicio” generalizado, que desangraba a paso rápido las finanzas y la estabilidad de la maltrecha Gran Colombia. Teniendo presente: 1-Que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han invertido en ellos; 2-Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar, y decreto. Artículo 1º Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital. Artículo 2º Los jueces a quienes según la ley, compete este juicio, que en su caso no procediere conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. Artículo 3º Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo 1º. Artículo 4º Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República, y se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos. (Palacio Dictatorial de Lima, 12 de enero de 1824) ¡Si este decreto del Libertador, estuviese vigente, Colombia sería un gran cementerio! Para que las cosas cambien, querido lector, no es necesario revivir la pena de muerte; basta con que vote por candidatos que sean la antítesis de tipos como Julio César Guerra, Alejandro Lyons, Franco Castellanos, el “Negro” Padilla, Jairo Fernández, Álvaro Cruz, los concejales del carrusel de la contratación de Bogotá y tantos otros inefables que son una vergüenza. El poder está en sus manos, téngalo claro. abdelaespriella@lawyersenterprise.com