Vivienda con desinterés social

Mucho se habla y mucho se yerra con las soluciones de vivienda de interés social. Particularmente a partir de que de una u otra manera se han convertido en el legitimado trampolín electoral del actual vicepresidente Germán Vargas Lleras. Desde el Ministerio de Vivienda y posteriormente desde la Vicepresidencia, donde se maneja esta cartera prácticamente a control remoto, se ha diseñado toda una estrategia para catapultar la candidatura presidencial de Vargas Lleras. No se olvida incluso el debate que originó la utilización indebida de la propaganda institucional del Ministerio de Vivienda en la anterior campaña electoral. Lo cierto es que sin ningún rubor, con la anuencia del presidente Juan Manuel Santos, se le ha entregado la posta al vicepresidente para que se le adelante a los demás candidatos en la carrera presidencial, mediante un instrumento que puede ser el más rentable desde el punto de vista político, por cuanto la rentabilidad electoral permite más buenas razones que amores a la hora de mostrar obras. Es decir que el costo beneficio en materia de votos resulta una magnífica inversión si se tiene en cuenta que el principal activo con que se cuenta es la demagogia. ¿Acaso alguien se imagina que el encumbrado y bien emparentado candidato estaría realmente preocupado por las casas de cartón? ¿O sencillamente el país hace mutis por el foro ante esta descarada participación en política por el simple hecho de que se le está agradecido por hacer causa común con Santos contra el uribismo? Lo curioso es que ni siquiera los candidatos que se perfilan para enfrentar a Vargas Lleras para el 2018 se atreven a cuestionar la ventaja que se le ha otorgado, casi que por solidaridad de clase aristocrática, al candidato que tiene las llaves de la infraestructura y la vivienda durante este cuatrienio. Por eso no es extraño que la rentabilidad social sea la gran ausente, por lo menos en cuanto a lo que contradice el Ministerio de Vivienda respecto de las otras carteras que en teoría están ocupadas de temas como la educación y la información como parte de la formación humana, las cuales desafortunadamente todavía no resultan tan taquilleras como la vivienda. Porque a pesar de la verbalizada prioridad de los colombianos que se condensa en la frase casi uniforme de los padres que dice que así no les dejen propiedades a sus hijos lo importante es dejarles educación, si se encontraran ante la disyuntiva de escoger entre una vivienda de interés social o educación universitaria para sus hijos, de seguro lo más sensible resultaría el tema de la vivienda. Y esta verdad triste pero real es la que saben los diseñadores de la estrategia vargasllerista. Por esa razón cuando los constructores agrupados en Camacol presentaron los costos de la vivienda de interés social con la regulación de la CRC, Comisión de Regulación de Comunicaciones, que le apostaba a implementar la televisión digital y la conectividad, el vicepresidente, ni corto ni perezoso, optó por sacrificar la conectividad. Así el avance que había logrado la CRC, cuando en 2013, promulgó la norma conocida como RITEL, Reglamento Técnico para las Redes Internas de Telecomunicaciones, con la cual la vivienda de interés social, además del derecho a las acometidas de agua, luz y gas, también tendría el de la comunicación audiovisual y la conectividad, la televisión abierta y gratuita debió someterse a un reversazo. El triple play de telefonía, televisión e internet, se fue nuevamente a hacer cola. De esta manera se entregarán viviendas sin capacidad para las comunicaciones. Lo que significa que el derecho a la vivienda prevalece por esta vía sobre el derecho a la información. Y no se necesita ser muy lince para imaginar las consecuencias en materia de educación y formación humana de las casas de los pobres. Es notorio que el interés social no es el que está presente en esta medida por cuanto nadie que se sienta medianamente sintonizado con las necesidades básicas de la sociedad del conocimiento o de la sociedad de la información para que un país como Colombia no esté conminado per se al subdesarrollo, apoyaría esta medida retrógrada. Lo demás es pura paja, como se dice en mi barrio. Hablar de soluciones de vivienda con expresas limitaciones respecto de las nuevas tecnologías es no comprender el interés social. Es no comprender el papel del Estado en su compromiso por velar por la formación de nuevos ciudadanos, mejores seres humanos y futuras personas con derechos y oportunidades. Es resolver la fachada de los problemas y subestimar la esencia de las soluciones. O sea demagogia monda y lironda, como dicen los costeños. Faltaría ver qué estarán pensando ministros de las Tic, o comunicaciones o de Educación, por solo mencionar algunos de los que terminaron segundiados luego de que el vicepresidente hiciera el anuncio el año pasado en pleno agite electoral de octubre pasado donde expresamente soltó la medida, que desde luego obligó a que la CRC aplazara la entrada en vigencia de la RITEL hasta septiembre de 2017. Quizás sea necesario que los empresarios del aseo, o los de la energía, o los constructores que rodean al vicepresidente candidato, o a sus familiares. entren al negocio de las telecomunicaciones para que la conectividad se vuelva un tema de interés social. Porque de otra manera los colombianos que se comporten bien el día de las elecciones para presidente del 2018 y logren salir de sus casas de cartón y acceder a una vivienda gratis, la van a pasar muy mal cuando sus hijos requieran estudiar por la vía de Internet. Y entonces tendrán que iniciar una larga carrera de elecciones para que algún candidato se empodere de la conectividad y algún día su vivienda pueda ser digna respecto de la sociedad del conocimiento o de la información. Ojalá el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que dice priorizar la educación, le logre salir al frente a esta determinación vargasllerista para que los pobres no queden incomunicados y aislados del conocimiento y la información, ya que el cerco de los señoritos, como los llama Angelino Garzón, puede convertirse en una oportunidad si el burgomaestre capitalino es consecuente. Y su ejemplo cundiría de inmediato por todo el país.