Con la captura, la semana anterior, de Jesús Santrich, acusado por narcotráfico, quedó en evidencia que el Acuerdo de Paz dejó al país con un solo negocio de narcotráfico y con tres Farc. Una Farc como partido político, que no ha abandonado el negocio como se puedo conocer esta semana cuando uno de sus dirigentes fue detenido por la Fiscalía por negociar envío de 10 toneladas de drogas a los EEUU. Otra Farc como disidencias que siguen manejando todos los cultivos, las rutas y atacan a la población. Y otra que se mimetizó dentro del ELN para seguir en el negocio.
Todo comenzó mal en las negociaciones del Acuerdo, porque las Farc nunca reconocieron que manejaban el narcotráfico, siendo uno de los carteles más grandes del mundo. El Gobierno Santos y los negociadores de Paz, les aceptaron su tesis de que no tenían nada que ver con esta actividad ilícita y que si lo habían hecho era para apoyar su rebelión. De ahí, el nefasto precedente que estipuló el Acuerdo de Paz que definió que el narcotráfico era un delito conexo, al delito político. Luego fue elevado a rango constitucional cuando el Congreso refrendó el Acuerdo, en contravía a lo que había negado en el plebiscito el pueblo colombiano.
La gran promesa señalada por muchos, era que el Acuerdo de Paz por fin iba a permitir acabar con el narcotráfico en Colombia. Con esa supuesta promesa se iban poder erradicar los cultivos voluntariamente, el Estado ahora si podía controlar las zonas ocupadas por las Farc y además se iban a entregar las rutas e información que pudiera desmantelar el jugoso negocio. Pero el resultado es otro: Después de todos estos años de negociación y de implementación del Acuerdo, Colombia pasó de 40 mil hectáreas de coca en el 2010, a ser de nuevo el mayor cultivador y productor de coca del mundo. Según el informe de Estados Unidos, en este año 2018 ya se llegan a más de 240 mil hectáreas de coca.
La realidad es abrumadora; ni antes, ni durante, ni después de la negociación del Acuerdo de Paz, las Farc han dejado el negocio del narcotráfico. Allí en las zonas donde tenía presencia, todo sigue igual en materia de estas actividades ilícitas. El gobierno Santos y este grupo le echan la culpa a las disidencias, las cuales están conformadas por cabecillas que estuvieron en las negociaciones y luego, se retiraron de ellas. Un ejemplo es Gentil Duarte que sigue manejando el negocio en Guaviare y Guainía. De hecho, siguen con las mismas prácticas que aprendieron con las Farc: organizan a la población para que no erradiquen, extorsionan a los que no colaboran y siguen reclutando niños.
La captura de Santrich y las pruebas hasta ahora conocidas, profundizan la desconfianza en el Acuerdo de Paz y la verdadera voluntad de las Farc, en todas sus formas, de dejar el negocio del narcotráfico. No solo son evidencias sobre la venta de 10 toneladas de cocaína sino de venta de cupos a la JEP a jefes de carteles de la droga. En las grabaciones hay indicios de cómo el sobrino de Iván Márquez lideraba esta práctica; y no podemos dejar de lado la corrupción, que se puedo en evidencia con los recursos de los Fondos para la Paz, cuya asignación y contratación era manipulada por este mismo personaje.
Ahora la discusión es sobre si Santrich debe ser extraditado a Estados Unidos. Amanecerá y veremos. Los defensores del Acuerdo dicen que eso sería una demostración de que el proceso de paz si funciona. Sin embargo, la pregunta de fondo y lo que debería ser la prioridad para el gobierno nacional, es si la cúpula de las Farc conocía de las actividades de Santrich, y si este nuevo partido político tiene aún relaciones o negocios con las supuestas disidencias de las Farc. Por ahí el sobrino de Marín en alguna de las grabaciones conocidas, menciona que esto se hace para beneficiar a la “familia”. Quién es la familia?
¿Será que Santrich podría organizar un cargamento de coca de 10 toneladas, sin usar estructuras de las disidencias de Guaviare? ¿Será que él, solamente, con el sobrino de Márquez, compró, transformó en laboratorios y pretendió transportar esta droga ilícita? ¿Quién y bajo qué órdenes la iban a cuidar y a proteger?
Muchas preguntas y pocas respuestas. Lo fácil ha sido decir que el Acuerdo de Paz estipuló que quien incurriera en estos delitos perdería sus derechos políticos y no podría ser congresista. Y por supuesto, no podría ser de otra manera, pero la cuestión es la credibilidad y confianza en todo lo que sobre narcotráfico se definió en los Acuerdos. Nada de lo allí estipulado se ha cumplido, ha habido total impunidad en esta materia, en cambio el país sí entregó toda su institucionalidad.
Con todo lo que ha pasado en las últimas semanas y para reivindicar la dignidad nacional y la sostenibilidad de la seguridad en Colombia, la conclusión es contundente; una de las modificaciones a los Acuerdos de Paz tiene que ser que el narcotráfico no pueda seguir siendo considerado conexo al delito político.
https://youtu.be/hVx3w_2fMjg
