La Amazonía es la selva tropical más grande del mundo: abarca cerca de 7 millones de metros cuadrados, de los cuales el 60% se encuentra en Brasil. Contiene el sistema fluvial más grande del planeta, con cerca del 20% del agua potable del mundo. Tiene un rol fundamental en el clima de Sudamérica con efectos claves en los ciclos hidrológicos regionales. Es considerada una de las regiones con más biodiversidad del planeta: pueden encontrarse 40.000 especies de plantas, 16.000 tipos de árboles, 427 mamíferos, 1.294 aves, 378 reptiles, 426 anfibios, y 3.000 peces. Allí viven más de 30 millones de personas, de las cuales se estima que cerca de 1 millón pertenecen a más de 400 pueblos originarios.
Hoy los ojos del mundo siguen puestos en la Amazonía por los incendios que, solo en agosto, destruyeron 2,5 millones de hectáreas, la superficie equivalente a la de la provincia de Tucumán o 125 veces la Ciudad de Buenos Aires. Frente a esta situación, el pasado viernes presidentes y delegados de Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam se reunieron en Leticia, al sur de Colombia, para definir acciones conjuntas para proteger al bosque tropical más grande del mundo, mediante el Pacto de Leticia.
El mensaje y la urgencia en este contexto son simples y claros: o los gobiernos amazónicos actúan rápido, o tendremos una Amazonía convertida en cenizas. Las cifras no hacen más que confirmarlo: durante el pasado agosto en Brasil se quemó cuatro veces más de superficie amazónica que en agosto de 2018. Nos enfrentamos a uno los peores incendios forestales del último tiempo, una tragedia que no podemos permitirnos en medio de la crisis climática que vivimos a nivel mundial.
Del acuerdo firmado es importante rescatar que se reconozca el valor que tiene la Amazonía en términos de biodiversidad y clima, y que en ese sentido se ratifique la importancia de protegerla en términos del Acuerdo de París y del Convenio de Diversidad Biológica. Pese a que celebramos la decisión de los Estados de comenzar a trabajar en conjunto con la firma de este pacto, creemos que son necesarias medidas y planes aún más concretos y apremiantes en el corto plazo para detener a la deforestación, causa principal de los incendios. La responsabilidad de esta tragedia es el avance de la ganadería y la soja sobre la selva, una situación que se repite en los bosques del Gran Chaco Americano. Al igual que en Argentina, en el Amazonas la expansión de la frontera agrícola y ganadera está detrás de las políticas de deforestación y quema de los bosques que originaron el fuego descontrolado.
Sin embargo -y pese a ser la causa principal de los incendios- el negacionismo respecto a la destrucción de bosques en el pacto es alarmante. Decir que el cambio climático podría ser la causa de la deforestación es pasar por alto las prácticas de explotación y destrucción forestales promovidas por los mismos Estados firmantes. No se trata de un fenómeno natural, fue la mano del ser humano -y las políticas que lo permitieron- lo que generó los incendios que hoy alimentan al cambio climático a escala global. A medida que crece el número de incendios, también lo hacen las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura promedio del planeta y la ocurrencia de eventos climáticos extremos, como huracanes, tornados, grandes sequías, inundaciones, el aumento del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares.
A su vez, es preocupante la mención que se realiza a los pueblos originarios. Su rol queda reducido a la participación en los escenarios de “desarrollo” de la Amazonía, punto que desconoce la obligación de los Estados a respetar plenamente la diversidad y el uso, administración, gestión y beneficios de sus territorios. Es tarea de los gobiernos poner todos los esfuerzos a disposición de la Amazonía y las comunidades que la habitan, pero sin nunca olvidar el uso ancestral de sus tierras, su autonomía y autodeterminación.
Creemos necesario hacer una revisión crítica del texto en relación a la urgencia con la que se requiere actuar. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad deberían ser razones más que suficientes para que los Estados actúen rápidamente en la transición hacia modelos de desarrollo que promuevan el respeto entre los seres humanos y su medioambiente. Sin embargo, en el texto faltan medidas sustantivas y vinculantes, ya que deja sus implementaciones a merced de la voluntad política de turno. Voluntad que, como hemos visto recientemente en América Latina, puede estar dirigida directamente a la regresividad ambiental.
Es esencial que el pacto sea ejecutado. No puede quedarse en un papel. La urgencia de la situación implica apagar el fuego, pero a la vez es necesario generar acciones que impliquen un freno efectivo a la deforestación. Ser menos ambiciosos significa condenar a la Amazonía, y al futuro del planeta.
