La acción del fiscal Sergio Rodríguez es tan evidentemente contraria a la ley que el Tribunal Superior de Bogotá por sentencia aseguró que “solo es posible explicarla a partir de un presunto interés dirigido a favorecer ilícitamente a los procesados”.
Lea también: Daniel Coronell, verdugo de los descarriados
Agregan los magistrados que “contra toda la evidencia indicativa de la presunta ocurrencia de un presunto secuestro extorsivo, la Fiscalía aligeró la carga de los procesados hasta dejarlos ante una condena que realmente debe ser vista como verdadero monumento a la impunidad”.
Es el relato de una infamia, como titula su muy leída columna de Semana el mejor periodista investigador del país, Daniel Coronell.
La insólita historia arrancó –escribe Coronell- cuando John Eduard Palacios, comerciante de electrodomésticos de sanandrecitos, no pudo pagar una deuda contraída con el prestamista John Freddy Silva, conocido con el alias de “El Borregue”, quien decidió retenerlo contra su voluntad para exigir el pago.
El lugar inicial del cautiverio fue la casa de un patrullero de la Policía Antinarcóticos llamado José Luis Rincón y de su esposa María del Pilar Moreno, alias “La Higuaza”. Tres días después de iniciado el secuestro, la esposa de la víctima fue llamada a una cita y presionada a ir a una notaría para firmar una promesa de compraventa sobre una casa de la familia en Cota, Cundinamarca, con la que supuestamente deberían cubrir el monto adeudado.
Después de la diligencia, el policía Rincón guió al secuestrado y a sus captores hasta una casa de una familiar suya en el sur de Bogotá, donde siguió la pesadilla. Al cautiverio se le sumaron ultrajes y torturas como lo narró la víctima: “De forma diaria recibía insultos como ladrón setenta hijueputa, gonorrea, malparido, pícaro, entre otros y maltratos físicos como golpes en la cabeza con un palo…, puños por todo el cuerpo y en la cabeza, quemones con plástico y fósforos en los brazos e intención de ahorcarme con un cordón de zapato”.
Le exigían a la víctima que llamara a familiares y amigos para pedir que les escrituraran más propiedades para cubrir la deuda y salvar su vida. Así consiguieron que la esposa fuera a la notaría 49 de Bogotá, traspasara la propiedad de un apartamento en Chinauta y les entregara las llaves al policía Rincón y a su esposa “La Higuaza”.
Fernando Daza, un cliente de la víctima y quien tenía una deuda pendiente con él, también fue presionado para escriturar un apartamento en Fusagasugá. El mejor amigo de Palacios, Michell Eduardo Rozo, también les entregó un apartamento como parte del rescate.
La madre de Palacios les escrituró su casa en Pereira, pero alias “El Borregue” seguía sosteniendo que la deuda aún no había sido saldada. Así se lo dijo en Palacios y según él agregó: “Se lo juro por mis hijos gonorrea hijueputa que si no arreglamos esta situación le pico a su monita (refiriéndose a mi hija de cuatro años) me la llevo a un monte y delante suyo se la pico”.
Fuga y captura de algunos agresores
Cuando ya llevaba 47 días en cautiverio una de las secuestradoras facilitó el escape de Palacios.
La víctima presentó la denuncia y la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía capturó en diferentes lugares a cuatro de sus integrantes incluyendo a “El Borregue”, “La Higuaza” y su esposo el patrullero Rincón, todos bajo cargos de secuestro extorsivo agravado.
La sospechosa actuación del fiscal
A pesar de las numerosas pruebas –y pese a que unas cuantas han desaparecido inexplicablemente- el fiscal especializado Sergio Rodríguez Alzate decidió modificar la tipificación del delito de “secuestro agravado” y “extorsión agravada” a simple “constreñimiento ilegal”, este último delito es excarcelable. Para sustentar la decisión sostiene que como la víctima no estaba amarrada podía haberse ido.
Los títulos de las propiedades firmados bajo amenaza tampoco fueron cancelados alegando que los bienes estaban a nombre de terceros que no habían sido convocados al proceso.
El fiscal en su cargo y los agresores libres
La nota informe de Coronell tiene este epílogo: Pese a los graves señalamientos en la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, el fiscal Sergio Rodríguez Alzate sigue en su cargo. Los secuestradores están libres. Los bienes jamás fueron devueltos a las víctimas. El secuestrado John Eduard Palacios y su familia tuvieron que dejar el país ante las amenazas de muerte que vienen recibiendo
