Sigue la campaña contra la industria

Desde que César Gaviria introdujo al país en el libre comercio, voces ilustradas señalaron que a la industria instalada en Colombia le iría muy mal, incluso peor que al agro, porque no podría competir con la gran producción de las trasnacionales localizadas en países donde la producción fabril contaba con los respaldos oficiales de los que carecía aquí. Mas las advertencias no fueron suficientes frente al falso nacionalismo del “bienvenidos al futuro” presidencial, la falsedad de que se invadiría al mundo con bienes colombianos y los pajaritos de oro de la nueva Constitución, las frases demagógicas y el cambio institucional con los que se confundió al país y se sentaron las bases legales de la reforma económica neoliberal, la peor que podía concebirse.

La disminución de los aranceles que impuso con presiones de tipo imperialista el Banco Mundial –al que tanto le han servido personajes como Guillermo Perry–, provocó severas pérdidas industriales y agrarias, base de la debacle económica de 1999, por la que no dan la cara los tecnócratas neoliberales, quienes siguen defendiendo un modelo económico que les sirve a ellos y a unos monopolios nacionales y a todos los extranjeros, pero no a la nación colombiana. Entre los peores y hasta cómicos pasajes de la “adecuación” de Colombia al aumento destructivo de la competencia internacional, estuvo el cambio de nombre de la Andi, sigla que pasó de significar Asociación Nacional de Industriales a Asociación Nacional de Empresarios, con lo que en su seno igualó a los productores con los importadores y a las empresas nacionales con las trasnacionales, que pueden cerrar las plantas en el país y dedicarse a importar de sus factorías en el extranjero. Para imposibilitar más el progreso industrial de Colombia, Luis Carlos Villegas sacrificó la independencia de la agremiación ante los diferentes gobiernos, autonomía sin la cual resulta imposible defender el desarrollo industrial del país. Y es obvio que las cosas empeoran con la llegada de Bruce Mac Master, con quien ya ni siquiera se toman el trabajo de cubrir las apariencias. Confirmando lo poco que al santismo le importa el desarrollo industrial de Colombia, tramitan TLC como a la loca. Ya negociaron uno con Panamá, centro internacional de lavado de dinero y de contrabando de calzado y otros géneros, y en el Congreso están por aprobar otro con Corea, que le causará daños enormes a la producción de vehículos, autopartes, textiles y electrodomésticos. Y aunque lo nieguen y los tramiten a las escondidas, avanzan otros TLC con Japón y China. Así demuestran que su verdadera política productiva consiste en especializar el país en la minería de las trasnacionales, de donde deben salir los dólares con los que se pagan las importaciones que quiebran la industria y el agro. La defensa de la industria no puede faltar en el programa de la convergencia nacional que hay que construir para sacar a Colombia de la encrucijada en que se encuentra. Coletilla uno. El presidente Juan Manuel Santos anunció que llevará al Congreso una reforma a la Ley 160 de 1994, para modificar las normas sobre acumulación ilegal de baldíos. Su problema reside en que Rubén Darío Lizarralde no puede tramitarla porque se lo prohíbe la Ley 1437 de 2011, dado que Indupalma, bajo su dirección, acumuló baldíos. Y Santos también viola la ley si pone en esas funciones a su ministro, violación que por ser con dolo los llevaría a los dos a cometer prevaricato. Nunca podrán lucir con orgullo el trámite de la llamada Ley Urrutia para tapar las ilegalidades de los clientes del todavía embajador en Washington. Pero la incapacidad y el descaro batirán todas las marcas si Santos y Lizarralde prevarican al tramitarla. Coletilla dos. Las falacias de Santos –“se acabarán las EPS”– y del ministro Gaviria –“no se ataca la tutela”– les alcanzaron para que los partidos de la Unidad Nacional aprobaran sin sobresaltos la pésima ley estatutaria de salud. Pero los frenó en seco la rebelión de las batas blancas y del país en contra de la ley ordinaria calculada para que sigan las super ganancias de las EPS, ahora disfrazadas de gestoras. Si fueran sensatos, retirarían el proyecto cuanto antes. Y que el semestre entrante se tramite la ley que necesita la salud de los colombianos.