La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras surge como una política pública del Estado colombiano, para enfrentar el problema de miles de desplazados en uno de los países con mayor desplazamiento interno del mundo.
Bajo la premisa de la justicia transicional, se pretendió restaurar a las víctimas del despojo y traer la paz rural.
Sin embargo, una vez puesta en marcha la ley, sus efectos fueron devastadores. Contrario a lo esperado, sus objetivos primigenios no se cumplieron y en cambio sembraron zozobra, angustia y depresión en la población rural que veía cómo lo mucho o poco construido a lo largo de una vida, quedaba irremediablemente perdido por una falsa premisa: que todos los despojos y desplazamientos obedecían a tenencias irregulares y, en consecuencia, los actos realizados no podían ser merecedores de ninguna clase de protección. Una terrible injusticia se conjuraba en su contra.
Así se dio inicio a la aplanadora de un Estado que nunca asumió su propia culpa ante los despojos de la guerrilla y de los paramilitares y que, en cambio, cobraba esta cuenta a los más débiles: los campesinos.
Ajeno a su responsabilidad y dándole crédito a cualquier persona que dijera ser víctima de desplazamiento, el Estado colombiano produjo implacables sentencias donde “la culpa” era endosada a campesinos pobres como si fueran agentes criminales.
Ya no son solamente los paramilitares o la guerrilla los causantes. Es el Estado mismo, que con la excusa de proteger a las víctimas, produce un daño irreparable, revictimizando a quienes sobrevivieron a la violencia rural.
Las hoy víctimas son, en su mayoría, sujetos de especial protección constitucional y además en el pasado también fueron víctimas, incluso de desplazamiento. Ahora son condenadas, nuevamente, a la injusticia del despojo disfrazado de legalidad.
Campesino contra campesino, víctima contra víctima, miles de antiguos propietarios y poseedores vagan como indigentes pues no tienen forma de demostrar su buena fe “exenta de culpa”.
Conocemos el caso del señor Jorge Luis Ochoa, de Copey, César, quien al perder su parcela cultivada con palma y no tener cómo pagar el crédito, se suicidó. O el anciano Víctor Prieto, de 76 años de Rionegro, Santander, que sobrellevaba su pobreza rural con dos parcelas que le fueron arrebatadas, sin ninguna compensación, cayendo en una depresión clínica profunda.
Crueles, por decir lo menos, han sido los funcionarios de la Unidad de Restitución que indujeron a campesinos vendedores a mentir. Crueles las ONG’s con contratos millonarios con esa entidad, que elaboraron contextos en zonas de violencia generalizada para crear falsas pruebas y contribuir al despojo. Crueles también, magistrados que en única instancia, violando el principio universal de inmediación de la prueba por cuenta de una ley, valga la redundancia, violatoria de garantías judiciales, que sin escuchar directamente a los testigos ni recaudar pruebas -pues esto es obligación del juez que no decide pero instruye-, produjeron con frialdad sentencias judiciales contrarias a la verdad, convirtiendo en realidad hechos jamás sucedidos.
Hoy, gracias a una tutela interpuesta por la ANUC, la Corte Constitucional señala los vacíos jurídicos de la norma y llama la atención al Congreso y al Gobierno Nacional acerca de la necesidad de establecer una política pública comprensiva con la situación de los “segundos ocupantes”, en el marco de la justicia transicional.
Es un deber de la patria proteger a los desplazados y también a quienes hoy habitan el campo y nada tuvieron que ver con el despojo de los otros. Si bien ningún estado de derecho debe renunciar a restaurar a sus víctimas, tampoco debe producir un daño irreparable a otros ciudadanos al desconocer la realidad rural y exigir lo imposible, cuando la población que afecta es también vulnerable y hoy paga con su escaso patrimonio las omisiones del Estado.
