La invitación se explica por sí sola. Si tiene desarrollos le da algo de contenido a la campaña de bostezos que estamos viviendo, porque nadie dice ni propone nada interesante. El referendo que proponen Jaime Castro y otros juristas permitirá debatir en términos jurídicos y políticos las atribuciones del Congreso, la Corte Constitucional y el Gobierno en la implementación del Acuerdo Final.
La propuesta está contenida en una carta dirigida a Humberto de la Calle, que firman –además de Castro (exministro, excongresista, ex alcalde de Bogotá), Hernando Yepes Arcila (ex constituyente y ex ministro), Carlos Esteban Jaramillo (ex presidente de la Corte Suprema), Rubén Darío Lizarralde (ex ministro), María Claudia Rojas (ex presidente del Consejo de Estado), Jesús Vallejo Mejía (ex magistrado de la Corte Suprema), Pedro Medellín (analista político) y jóvenes abogados y politólogos como Oscar Ortiz González, Adriana Mejía, Esteban Jaramillo, Cristian Wolffhugel Gutiérrez, Virginia Garcés, Carlos Hugo Ramirez, Lorena Garnica, Andes Vernaza, María Paula Robayo y Andrés Molano.
Cuando la Corte Constitucional despenalizó la llamada dosis personal, los gobiernos saliente y entrante de los Presidentes Gaviria y Samper no estuvieron de acuerdo con esa decisión por razones que hicieron públicas. Acordaron, por ello, que convenía preguntar a la ciudadanía en referendo si validaba la determinación del Alto Tribunal, o prefería la normatividad que se le proponía. Designaron, además, como jefe de ese importante certamen democrático a Humberto de La Calle que ostentaba la condición de Vicepresidente electo. A pesar de que fue iniciativa oficial, la propuesta no tuvo el respaldo popular que necesitaba para sobrevivir y fue archivada pocos meses después de su lanzamiento.
Sobre apreciaciones de De la Calle
A nueva sentencia de la Corte que devuelve al Congreso la capacidad deliberativa y decisoria que había perdido con el llamado fast track, Ud. le ha hecho serios reparos y cuestionamientos. Ha dicho que la Corte incurrió en “profunda equivocación” y en “error de óptica” cuando “se está jugando la suerte del país”, porque el Estado, representado por todas sus autoridades, tiene el “deber ético” de cumplir el Acuerdo suscrito con las farc.
Sus afirmaciones e inquietudes, que muchos comparten, ponen de presente situación que muy pocos colombianos y apenas a medias conocían o sospechaban: la implementación del Acuerdo citado decreta nuevo ordenamiento jurídico, político e institucional, que tiene inevitables repercusiones económicas y sociales y que es producto de proceso lejano y secreto que concluyó en escasamente leídas 310 páginas de las que, según algunos, no es legítimo, válido ni ético discrepar así sea para preguntar por qué así y no de otra manera.
Las diferencias y las urnas
Ud. y sus compañeros de travesía política, de un lado, y nosotros, del otro, tenemos diferencias sobre tema político-institucional que en las democracias y los Estados de derecho se arbitran y dirimen por la ciudadanía en las urnas. Se equivocan quienes piensan que el tema será definido en las elecciones del año entrante, porque el país no debe esperar hasta entonces, pues conviene a todos que las reglas de juego para el Congreso, las Cortes y los demás actores de la vida pública se establezcan democráticamente ya mismo.
Por ello, con todo respeto, le proponemos que conjuntamente y organizados como movimiento cívico, pluralista, independiente, sin matrícula partidista o grupista, promovamos referendo que defina la validez y legitimidad jurídica y democrática del acto legislativo 1 de 2016. Paradójicamente, cumpliríamos así norma expresa de esa reforma constitucional que condicionó la vigencia de sus disposiciones a refrendación popular, que hasta ahora no se ha cumplido. Ud. y quienes compartan sus puntos de vista pedirían que la ciudadanía refrende el texto completo del acto legislativo 1 de 2016, incluidos los literales H y J que tumbó la Corte. Nosotros pediríamos la derogatoria del varias veces citado acto. En 1994 Ud. lideró proyecto de referendo que dejaba sin efectos importante decisión de nuestro más alto tribunal sobre el libre desarrollo de la personalidad. Ahora, sobre tema igualmente transcendental, lo invitamos a que lidere la expresión de quienes compartan su posición jurídica y política.
La necesaria separación de poderes
A quienes argumenten que el referendo propuesto podría atentar contra la paz y revivir conflicto que nadie desea, es fácil responder diciéndoles que el Congreso ya aprobó 1) la jurisdicción especial para la paz (JEP), 2) la incorporación a nuestra Carta Política del Acuerdo Final con la obligación para todas las instituciones, autoridades y órganos del Estado de respetar su espíritu, principios y compromisos durante los próximos 12 años y 3) las normas que le permiten al partido de las farc competir en apreciables y mejores condiciones de las que tienen los otros partidos, incluidos los oficialistas. También se puede agregarles que el referendo que proponemos no tiene nada que ver con esas reformas constitucionales y las de más que ya fueron aprobadas, pero no han sido sancionadas. Tan solo le daría nuevos desarrollos a la sentencia de la Corte que defiende la separación de poderes y garantiza la independencia del Congreso en sus deliberaciones y decisiones.
Sabremos agradecer su respuesta, apreciado Dr. De La Calle. Con sentimientos de consideración y aprecio.
