Todo el país recuerda la respuesta soberbia de Zeuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, luego de la instalación de la mesa de negociaciones entre el grupo guerrillero y el Gobierno Santos, en Oslo, cuando medios internacionales le preguntaron si las Farc estarían dispuestas a pedirle perdón a sus víctimas. “Quizás, quizás, quizás”, dijo entre risas, como anunciando lo que sería el inicio de una burla constante a las leyes que rigen nuestra sociedad y que, de ser efectivamente aplicadas, no quedaría espacio alguno para la impunidad.
Ese día, su mensaje transmitió al mundo que en su caso jamás habría arrepentimiento. Y así fue: Santrich seguiría delinquiendo y a mayor escala, sintiéndose protegido por un remedo de instrumento de justicia transicional “restaurativa”, que al estar conformado por “amigos de la paz”, no lo tocaría.
En esas circunstancias tan favorables para los ilegales -ahora revestidos de impunidad avalada por la Corte Constitucional- y confiado en la inmunidad que le otorgó Juan Manuel Santos -el Nobel de Paz-, se dedicó a volver a sus anteriores andanzas en el universo oscuro de donde jamás decidió salir: negociar con el Cartel de Sinaloa la venta de 10 toneladas de cocaína, a cambio de 15 millones de dólares.
Ad portas de cumplirse un año de su detención en flagrancia y de la solicitud de extradición por parte del Gobierno de los Estados Unidos, la JEP ha logrado dilatar el proceso, atribuyéndose incluso facultades que para este caso no aplican. Las salvaguardas establecidas para los cabecillas de las Farc quedaron completamente desvanecidas, porque la no extradición pactada no les cubre actividades de narcotráfico ni delitos cometidos con posterioridad a diciembre 1 de 2016. Así lo hemos repetido hasta el agotamiento, enfrentando los argumentos falaces y los vericuetos de cuestionados juristas y colectivos de abogados.
Ya sabemos el espectáculo vergonzoso que ha protagonizado la JEP en los últimos meses, tejiendo toda una maraña truculenta para detener el proceso de extradición y blindar a este delincuente.
Lo advertimos en reiteradas ocasiones: Es la justicia ordinaria la que debe entrar a intervenir en el caso de Santrich, es la Procuraduría General de la Nación quien debería tomar cartas en el asunto y velar porque todo el peso de la ley recaiga sobre un individuo que es el fiel ejemplo de la degradación de un Estado claudicante frente al crimen. Sellado con la infamia de un Acuerdo Final para una “paz estable y duradera”.
Esta semana, el Procurador general en nombre del Ministerio Público, advirtió que en efecto, el caso Santrich debía pasar a la Corte Suprema de Justicia, ya que existen los suficientes elementos de juicio para considerar que los hechos por los que es solicitado por la justicia estadounidense, no se dieron con causa, ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.
En el concepto también se señala que no le corresponde a la justicia especial JEP realizar análisis probatorios que conduzcan a determinar la existencia de la conducta y sus circunstancias, y mucho menos abrir debates contradictorios propios de un proceso judicial ordinario.
Esperamos entonces que luego de tantos tropiezos, el proceso de extradición de Jesús Santrich continúe su curso y que “quizás, quizás, quizás” sus víctimas puedan ver tras las rejas a quien lideró a sangre y muerte, décadas de terror disfrazadas de revolución.
