Ningún presidente se había atrevido a tanto

Aun cuando la Casa de Nariño ha logrado imponer el más profundo silencio para que en el país casi nadie lo sepa, lo cierto es que el pasado 5 de agosto suscribió un tratado internacional “para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”, eufemismo con el que intenta ocultar que estamos ante un pacto militar –de guerra– diseñado para poner tropas colombianas bajo el mando de comandantes militares europeos, los cuales, como es obvio, sirven a los intereses políticos y económicos de las potencias de ese continente. Además de “lucir” su actitud mendicante de vergonzosa indignidad, Santos usó su recorrido por Europa para desarrollar a hurtadillas este acuerdo bélico. La Deutsche Welle(DW), el servicio de información de Alemania, tituló sobre el “nuevo rol militar” de Colombia e informó que fue invitada por el Comité de Seguridad de la Unión Europea a participar en una operación en Ucrania y que “también podría enviar una fragata a la misión Atalanta en el Cuerno de África, que ayudaría a las fuerzas militares europeas”. Y la noticia, que cita la respuesta del gobierno alemán a la diputada Heike Hänsel, agrega que “Colombia asistió al encuentro de la Escuela de la OTAN en Oberammergau y al NATO (OTAN) Defense College.” Además, en carta a Juan Manuel Santos que se filtró, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, le recordó: “En la medida en que el conflicto vaya cesando y Colombia se mueva hacia una estrategia de seguridad más sostenible, organizaciones como la ONU y la OTAN se beneficiarían con un mayor involucramiento del país en operaciones de paz (…). Ya está ofreciendo usted una experiencia significativa en Centroamérica y el Caribe, mediante nuestro Plan de Acción en Seguridad Regional y con el acuerdo de intercambio de información con la OTAN, del 2013. Pero necesitamos a Colombia involucrada en más lugares.” Lo que faltaba en el proceso de descomposición del país: soldados colombianos al servicio de las agresiones colonialistas de estadounidenses y europeos, relación que inevitablemente aumentará su injerencia militar y de todo tipo en los asuntos internos de Colombia y que viola la Constitución y la soberanía nacional. De otra parte, aprovechándose de que puede traspasar límites que otros presidentes ni se atrevieron, Santos tramita la cuarta intentona legislativa para imponer la política de tierras más retardataria de la historia de Colombia. En efecto, mediante el proyecto de Ley 133 de 2014, bien llamado Urrutia-Lizarralde, va tras varios objetivos, a cual más regresivo. Primero: legalizar las ilegalidades cometidas por Cargill y otras poderosas empresas que con cálculo violaron la Ley 160 de 1994, que prohíbe adquirir y acumular baldíos del Estado adjudicados a campesinos. Hay que advertir que la norma no les resuelve el problema a personas corrientes en situaciones semejantes. Segundo: arrebatarles a los pobres del campo los derechos que hoy la Constitución les otorga de manera exclusiva sobre las tierras baldías, para transferírselos a magnates nacionales y extranjeros, que así podrán apoderase de ellas y sin límite de extensión: 20, 50, 100 mil o más hectáreas. Tercero: ¡bajo pena de expropiación si se niegan a hacerlo!, los campesinos o empresarios menores con tierras localizadas en las zonas que el gobierno determine como Zidres –que serán el vehículo para estos zarpazos– tendrán que “asociarse” con los monopolistas a quienes se propone a favorecer la ley, y hacerlo mediante falsas asociaciones que copian el Modelo Indupalma y que equivalen a alianzas entre zorras y gallinas. A esta política de feroz concentración de la tierra rural hay que añadirle la profundización de los TLC y la Alianza del Pacífico, diseñados para reemplazar la producción y el trabajo nacional por los de los extranjeros, y el ataque a la institucionalidad que hoy protege a los cafeteros. Es muy probable que las anteriores medidas no hubieran podido ni proponerse en un gobierno como el de Álvaro Uribe, por ejemplo, dada la gran resistencia ciudadana que habrían generado. Pero como Santos ha llevado a niveles sin antecedentes la alcahuetería y el tapen-tapen, la capacidad de engaño y la impunidad presidencial…