La obsesión de las Farc, en asocio con sus franquiciados, disidentes y aliados clandestinos, es poder lograr cada día el mayor control territorial posible en las zonas de predominio cocalero.
No podemos olvidar la cita de Iván Márquez, según la cual, “la tierra está indisolublemente ligada al territorio”. Tampoco podemos desdeñar la instrumentalización de la población, que termina siendo afectada por la inexistencia del “principio de distinción”, establecido en el DIH.
Tanto a nivel oficial -ahora, como partido político-, como en el más bajo mundo del hampa organizada, los terroristas buscan el control del territorio. Desde la primera posición, buscando leyes que coadyuven con sus intereses y desde la segunda, disputándoselo con otras bandas criminales y usando a los pobladores como escudos humanos, para evitar la erradicación de los cultivos de coca. El resultado: la trágica violencia que genera el narcotráfico.
La herencia que dejó al país el proceso de paz, fué claramente un pacto desequilibrado, amañado e inclinado totalmente a favorecer el gran negocio del tráfico de drogas.
El gobierno anterior aseguró ante la ONU que las Farc “colaborarían” para eliminarlo, mientras estimulaba a sus enmermelados congresistas para conseguir la aprobación de 16 circunscripciones electorales “de paz”, justamente en las zonas en donde se cultiva coca y predomina la minería ilegal.
Este proyecto se hundió en el Congreso por falta de quórum y nuevamente, el gobierno Santos lo radicó antes de terminar su mandato, bajo el mismo argumento de “dar representación a las víctimas”.
Yo me pregunto: ¿Por qué pretenden que las víctimas hagan campaña en lugares bajo control del hampa que hoy se disputa los corredores criminales en esas regiones?
El show de la paz, ahora en implementación, está enfocado en hacer simetría con las fuerzas armadas legítimas y dominar zonas estratégicas para el favorecimiento de sus negocios.
Las 16 circunscripciones especiales que insisten en reclamar, representan el 36% del territorio nacional, pero apenas el 6.7% del censo electoral. ¿Para qué las quieren entonces?
Si el proceso de paz hubiera cumplido con la promesa de poner a las víctimas en el centro del acuerdo, éstas tendrían ya curules asignadas directamente y sin pasar por el riesgo de una campaña en medio del fuego cruzado de cualquier grupo armado ilegal. Y las niñas -hoy adultas-, abusadas, torturadas y esclavizadas por las Farc, tendrían su voz para contarle al mundo el drama que vivieron y su permanente lucha por justicia.
Las víctimas están en todo el país, a lo largo y ancho del territorio nacional y no propiamente asentadas en las zonas establecidas por las circunscripciones en el acuerdo de paz. Por eso, lo prioritario hoy en Colombia es reconocer a las personas que han sido víctimas, por encima del territorio. No al revés.
