El gobierno nacional ha anunciado su propuesta de reforma tributaria con una preocupante información: al Presupuesto General de la Nación (PGN) le hacen falta 26,5 billones de pesos para inversión social.
Para recaudar ese faltante, el Ministro de Hacienda recomienda un pacto colectivo, como sociedad, para defender los programas que deberían ser política de Estado y mantenerlos, antecedido de una priorización; difícil situación esta de darle más peso a un problema que a otro ya que puede perjudicar inversión en la paz, la educación superior, la salud, el deporte y la cultura y, aunque el PGN cumple con la regla fiscal hay programas que según el gobierno nacional se encuentran desfinanciados como Ser pilo paga, el programa de alimentación escolar (PAE), los fondos de víctimas, los diseñados para mejorar la salud de los colombianos y créditos para la educación superior, entre otros.
Los impuestos son la otra vía para llenar el faltante en la inversión social, sin embargo, en nuestro país la evasión del pago de impuestos está entre 30 y 50 billones de pesos. El presidente Duque prometió en campaña que reduciría la evasión al 50%, es decir, si se cumpliera esta promesa serían innecesarias otras acciones como mayor carga tributaria para financiar la inversión social. Habrá que ver qué hará Duque para no faltar a su promesa porque los mecanismos habituales para combatir la evasión involucran medidas coercitivas basadas en controles y sanciones y este modelo no le está funcionando al ejecutivo, es decir, se necesita un mecanismo que permita combinar premios “zanahoria” o estímulos para inducir al cumplimiento de las normas y, así, hacer control real.
Si en nuestro país la cultura tributaria fuera robusta, con el pago disciplinado de los impuestos ya aprobados se podría asumir el costo del faltante en el Presupuesto General de la Nación que ha anunciado el Ministro Carrasquilla.
La ley ¿Para los de ruana?
Adicionalmente a la evasión, en Colombia se distribuye de manera errada e inequitativa el dinero que se recauda a través de los impuestos.
En nuestro país, el impuesto sobre la renta y el de valor agregado (IVA) son los principales y en el siglo XXI la tributación ha sido regresiva desde el aspecto inter-factorial y nunca, en la práctica, hemos tenido una tributación progresiva, es decir, ha existido un aumento en la carga tributaria agregada que afecta los ingresos laborales de los trabajadores.
En palabras más sencillas, quienes pagan impuestos juiciosamente son quienes tienen menos ingresos y, por eso, en ellos está la mirada a la hora de aumentar la base y gravar a más productos de la canasta familiar; esta es la primera opción para financiar la sostenibilidad de los programas que no tienen recursos.
Tras la revisión de la propuesta de ley de finaciamiento, en la Comisión de hacienda y crédito público de la Cámara de Representantes, analizamos los escenarios que plantea el gobierno y que implican una nueva carga de impuestos para los colombianos con bajos ingresos. En los tres modelos el 80% de la propuesta es aumentar la base gravable en la tarifa de IVA: en el primer escenario se plantea recoger 13 billones el primer año, en el segundo se propone captar 10 billones y en el último se estima recaudar 7 billones. En todos los casos, el mayor cambio de la reforma tributaria y lo que más llama la atención, es la determinación de gravar los productos vitales para una alimentación balanceada como la leche, la carne y el queso; un recaudo que se hace fácil y rápidamente.
Ante esta situación creo que el gobierno debe concentrarse en realizar una política anti-evasión y anti-elusión de los impuestos vigentes ya aprobados antes que focalizar su esfuerzo en afectar la canasta familiar para invertir en gasto social y para no aumentar la deuda.
“MINISTRO, NO LE META LA MANO AL BOLSILLO A LOS COLOMBIANOS, MÉTALE LA MANO AL BOLSILLO A LOS CORRUPTOS”
Finalmente, es importante reflexionar en la inversión social del Estado. En nuestro país, presenciamos hechos de corrupción como el de Reficar con una estimación de detrimento patrimonial que supera los US$2.400 millones es decir unos 7 billones de pesos y, como si fuera poco, Ecopetrol decidió asumir la deuda que dejó Reficar para evitar futuras capitalizaciones. La estatal petrolera, sin sonrojarse, aportó el 26% de ese faltante de 26,5 billones de pesos para inversión social: cubrió la deuda de uno de los desfalcos más grandes de corrupción de los últimos tiempos.
Mientras tanto, en el Congreso avanzamos en el debate sobre el Presupuesto General de la Nación con la gran preocupación de encontrar cómo solucionar la falta de recursos para programas y proyectos en educación, salud y vivienda. El panorama no es fácil, requiere de volver a confiar en las instituciones y que esa confianza se refleje en el pago de impuestos ya aprobados antes que crear otros.
