Esta semana el país comprobó una vez más, el desgarrador testimonio de niñas que fueron reclutadas a la fuerza por las Farc. Hoy están agrupadas en la Corporación Rosa Blanca y desde allí, hacen ingentes esfuerzos para visibilizar la barbarie que les tocó padecer.
Ante la Comisión de Paz del Congreso de la República, expusieron su tragedia y reclamaron con severidad la selectividad impune de la que son nuevamente víctimas, esta vez de la Justicia Especial para la Paz.
Lorena Murcia, presidente de esa organización, narró cómo alrededor de 1.200 mujeres que hicieron parte de las filas del grupo guerrillero, están siendo invisibilizadas por un proceso que se suponía estuviera enmarcado en la verdad, la justicia y la reconciliación. Pero no ha sido así y las víctimas, a diferencia de la propaganda de los defensores del proceso de paz, no están en el centro del Acuerdo.
Las acusaciones de Lorena exasperaron la opinión de Alias ‘Timochenko’, exjefe guerrillero de las Farc, quien aseguró que se trataba de cargar sobre el adversario el mayor número de crímenes posibles para estigmatizarlo y “para generar una situación que no permite la reconciliación”.
¿Cómo pueden aspirar a una reconstrucción del tejido social, si lo que ocurrió realmente en esos campamentos de la muerte no es mostrado al mundo? Algunas de estas mujeres son también madres de niños producto de violaciones y ellas mismas señalan a miembros del secretariado de las Farc como los progenitores, algunos de los cuales hoy ostentan una investidura en el Congreso.
Violaciones, abortos forzados, prostitución, enfermedades de transmisión sexual y esterilizaciones eran el pan de cada día que ahora, la estrategia de invisibilización institucional pretende hacer desaparecer bajo el manto de impunidad de la JEP.
Es tal el desafío de quienes firmaron el Acuerdo (Gobierno Santos y las Farc), aupado por una mayoría de magistrados inclinados ante los favores presidenciales y la ‘mermelada’, que se desconocen los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949; donde se condena la violación y todo acto que atente contra la dignidad personal y el pudor, así como la prostitución forzada en todo tipo de conflictos internos e internacionales, en virtud del respeto por el DIH y el DIDH.
Tras la creación del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, la comunidad internacional reconoció que las violaciones sexuales ocurridas en medio de un conflicto armado, se constituían en crímenes de guerra.
En Colombia, el país del mundo al revés, este tipo de delitos -agravados además por ser sus víctimas menores de edad reclutados-, están siendo desdeñados y considerados como un acto más dentro de la espiral de barbarie de las Farc.
La violencia sexual contra menores, como un acto en nombre de la revolución, es una aberración injustificable por más intentos que se hagan de todos los flancos del relativismo moral progresista.
Lorena Murcia es una más. Pero tiene voz, la voz de los valientes, la voz del desafío a la muerte. Lorena es una sobreviviente, lo que no lograron miles de niños y niñas hoy enterrados en algún lugar desconocido. Hijos de campesinos, para que a nadie le importe.
Ensordecedor el ruido que le han hecho al Presidente Iván Duque, por atreverse a ejercer sus facultades constitucionales y objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP para dejarle claro a esta sociedad que este tipo de conductas no puede tener un tratamiento de amnistía e indulto.
Amenazas de sectores del poder aliados a intereses de algunos magistrados, políticos de distintos partidos – no sólo de izquierda-, hasta pretender realizar un “tour” por los tribunales internacionales (creados para la defensa de los derechos humanos) para obligar al Presidente a sancionar la Ley.
Quienes creímos que estas Cortes de justicia podrían servir precisamente para juzgar y condenar a estos criminales impunes, vemos cómo irónicamente la propaganda y la capacidad de invertir la realidad los tiene hoy como sus protegidos; en contravía de la propia lógica de su existencia, dejando en cambio a miles de víctimas sin un espacio para la verdad, menos para la justicia, pero si exigiéndoles reconciliación.
Morir como víctima de los agentes revolucionarios, así como haber sobrevivido a ellos, es el pase a un escenario de las víctimas sin nombre, sin reconocimiento, las de última categoría. Y no lo vamos a permitir.
