El respeto no se decreta, es una dignidad a la que se accede con acciones y trabajo convincentes, acudiendo a la razón y al concierto mancomunado para su consolidación, sin ello no pasa de ser un intento efímero, un espejismo engañoso carente del arraigamiento indispensable para su instauración en el tiempo.
En el tan mentado “proceso de paz” sus instigadores han cometido toda suerte de desvaríos, desde su génesis hasta su implementación. Tal como fue planteado y como anómalamente se desarrolla no podrá fructificar a pesar del batallón de cortesanos tratando de explicarlo y asirlo por sus indomables y mal formados cuernos. Con tal prontuario, este descalabro no posee obligatoriedad de respeto, ahora nos asiste el deber de enmendarlo y controlarlo para que coseche positivamente.
La paquidérmica gestación del tal proceso incluyó toda suerte de irregularidades de las cuales nuestra memoria ya no quiere dar parte: las violaciones a los consecutivos ceses al fuego, los asesinatos, los secuestros y el narcotráfico la acompañaron pie rampante. Cuando finalmente se parió el engendro se juraron muchas cosas, señalemos sólo dos para no alargarnos: que de ninguna manera las cabecillas de las Farc tendrían un rol político sin antes ser debidamente examinados por la justicia; la segunda, que las cláusulas del acuerdo de marras sería sometido para aprobación del pueblo. Ambas promesas fueron flagrantemente incumplidas. En el primer caso, a dedo y sin acuerdo social fueron escogidos diez malhechores para representarnos en el Congreso sin pasar por ningún proceso electoral ni examen judicial; para el segundo juramento, un plebiscito fue organizado por Santos, chamán del proceso, quien perdió esta consulta popular, a la que hizo también caso omiso desconociendo mediante triquiñuelas y leguleyadas los resultados de su debacle. Es claro que esta paz tenía por objetivo primordial entronizarlo en la galería de la inmortalidad, de colocarlo en el santoral nórdico europeo con expediente de Nóbel, de asegurarle la nueva profesión post presidencial de predicador por el mundo, de enseñador de paz, después de haber usurpado y contravenido la voluntad del pueblo que claramente se expresó.
La entrega de armas fue indecorosa, a cuarto cerrado y alejados de los medios entregó el grupo subversivo, despojado de culpa, algunas armas de juguete, y en cuanto a sus dineros mal habidos afirmaron ser tan menesterosos como un convento con votos de pobreza. Así es que ni pidieron perdón por sus atroces actos ni entregaron el dinero ilícito –que siguió encaletado, en paraísos fiscales, y en manos de testaferros. No se arrepintieron de lo que cometieron, nada, al contrario con soberbia y sorna dijeron que “quizás, quizás” y afirmaron con desfachatez que su masacre de medio siglo era imperiosa para llegar a este “magnífico” acuerdo.
Ahora nadie está satisfecho, ambas facciones afirman incumplimiento de la contraparte; los guerrilleros amnistiados amenazan con regresar al monte, los cabecillas por supuesto no porque las jugosas prebendas recibidas que preludiaron por años en Cuba entre ron, fiesta y mujeres los deshabituaron de los mosquitos, el chinchorro y la Leishmaniasis. El gobierno, víctima de su macabro invento, acusa dislates de sus nuevos aliados, pero trata de esconderlos para no admitir la burla a la que sometieron al país, en vano porque estas digresiones se tornan cada vez más inocultables.
El Fondo Colombia en Paz, ese que maneja las cantidades exorbitantes de dinero, fruto de nuestros elevados impuestos, con los que se pagará el desarrollo del proceso, y que engordará salarialmente a los facinerosos, así como la propaganda para lavar cerebros, resultó impregnado de corrupción y de dudosísimos tejemanejes, así denunció el Fiscal General de la Nación. Santos después de negar los hechos, en favorecimiento de su empecinado proyecto, hubo de admitir el delito y destituir a su Administradora, un chivo expiatorio sacrificado para frenar el desplome de la fila completa de fichas del dominó purulento.
Otro gran descarrío es la justicia alternativa –transicional la tildan para darle un más atractivo nombre–, se trata de una “Jurisdicción Especial para la Paz” (la JEP), un organismo que substituye incomprensiblemente a la justicia ordinaria para otorgar más impunidad a la guerrilla. Esta se complementa ahora con la llegada de la mujer de Iván Cepeda –un congresista de larga trayectoria en las filas izquierdistas, pro Farc, valga recordar que una de las columnas de las Farc lleva “honoríficamente” el nombre de su padre– nombrada recientemente en la JEP dizque para juzgar de manera neutra los crímenes de los guerrilleros, a desternillarse de risa (para evitar el llanto) con esta nueva burla.
La última y reciente perla que hace inocultable el secreto a voces es que los amnistiados continuaban delinquiendo, que a pesar de las firmas, los abrazos y las fotos, no habían abandonado el lucrativo negocio del narcotráfico. Santrich, el falso ciego, el gran negociador de las Farc en la Habana, el a punto de convertirse en congresista de curul regalada, ha sido sorprendido en transacciones de envío de toneladas de cocaína a los EEUU, país que con pruebas al apoyo lo ha pedido en extradición. Santos salió “valiente” a decir que su acuerdo, ese que el pueblo le rechazó, era tan sólido y bien elaborado que permitía solucionar estos pecadillos. Dizque Santrich está a punto de extradición, junto con otros de su cartel, entre los que figura un sobrino de Iván Márquez –otro de los negociadores de la Habana y también premiado con una curul gratuita en el Congreso. La insana parafernalia protectora de los dislates del proceso dilatará ad nauseum esta petición para condenarla al olvido o, peor, dejarla ahogar en manos de la JEP. Nos corresponde evitar con nuestra participación en las urnas este nuevo atropello.
Los algunos sapos que deberíamos digerir, según nos anunció el “emérito presidente de la paz”, cuya cantidad y magnitud entendimos ahora tarde, incluían sobre todo tragarnos la ignominia, aceptar la desvergüenza, la corrupción, olvidar el genocidio dizque porque la noción de perdón era superior y su acción más noble que el resarcimiento de las víctimas y el apartamiento de los peligrosos bandidos de la vida política. No a ese perdón y olvido que nos quieren hacer embuchar, en su lugar, justicia y enmienda.
Así las cosas, la expresión del pueblo pisoteado hará de las cercanas elecciones presidenciales, el escenario de ajuste de cuentas sobre este y otros tantos temas; hemos entendido, y ojalá que el resultado final así lo ratifique, que quienes participaron directa o indirectamente, que quienes callaron mientras veían el exabrupto construirse, que quienes cómplicemente lo apoyaron están siendo sancionados por el pueblo zaherido. Es sana seña que este pueblo elector no se haya dejado enredar a pesar de las prédicas propagandísticas, a pesar de los Nóbeles distribuidos desde sitios en donde reina otra realidad y se desconoce la nuestra.
Los caminos de la paz son inescrutables dirán los áulicos de la izquierda inconsciente (de la que tratamos en anterior entrega) y unos cuantos incautos que cándidamente sueñan con paraísos emanados de la buena voluntad de unos asesinos y de la irresponsabilidad amañada de los negociadores gubernamentales. Y es que no se trata de dificultades en el proceso, es que este ha sido erradamente concebido. ¿Qué respeto han de merecernos, entonces, esos equivocados clausulados firmados contra el querer del pueblo? La corrección y control del acuerdo deberá ser un sine qua non para quien pretenda regir los destinos de nuestro país.
