Tras dos años y medio de vigencia del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, los colombianos continúan sin conocerlo ni apropiarlo, y la promesa de una mejor convivencia ciudadana todavía parece distante.
Sin duda avanzamos con respecto al código anterior, cuyas sanciones eran irrisorias para los infractores e inútiles para las autoridades. Sin embargo, la implementación del nuevo código dio prelación al garrote policial por encima del diálogo, la proximidad y la pedagogía con la gente, sin olvidar que no han sido pocos los artículos declarados inexequibles por la Corte Constitucional.
Hoy, particularmente lo que más preocupa son algunas prácticas, sobre las cuales me detendré, porque considero que, a futuro, pueden alimentar la desaprobación de la policía y el incumplimiento de las reglas de convivencia.
En primer lugar, la prevención, objetivo primordial del código, se quedó en el papel. Desde julio de 2017 advertí que su periodo pedagógico de 6 meses era insuficiente. De hecho, en Bogotá, durante todo el año 2018, el 60% de los ciudadanos seguía sin conocer la norma. Además, su efectividad sigue en entredicho, pues, desde 2016 no cambia el hecho de que 1 de cada 4 ciudadanos son víctimas de alguna situación que afecta su convivencia.
A su vez, el número de comparendos que se concentran en sanciones económicas siguen en aumento. A julio de 2019, la Policía Metropolitana había impuesto 899.152 comparendos, es decir un número cercano a 1.000 por día; pero sólo el 18% se conmutó por un curso pedagógico.
Este boom de infracciones, sin embargo, parece desenfocado, pues no responde a las situaciones que realmente afectan la convivencia ciudadana. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, las molestias principales son las reuniones ruidosas (13%) y el arrojo indiscriminado de basura (13%), seguidas por las heces de las mascotas (11%) y las riñas (11%). No obstante, el Código de Policía ha concentrado apenas una cuarta parte de sus comparendos en estos factores, y en cambio registró más del 60% de infracciones en el porte indebido de armas, el consumo de alcohol y drogas en espacio público, la ocupación indebida del mismo, y los colados.
Por otra parte, el código contempla sanciones de carácter pedagógico, como trabajo comunitario, cursos, actividades y amonestaciones, pero la policía las mantiene al margen, pues tan sólo representan el 11,3% de la totalidad de comparendos. La gran mayoría de estas medidas –más del 90%- se materializaron en el traslado por protección, es decir, cuando la policía lleva a una persona al Centro de Traslado por Protección –CTP (antigua UPJ) en casos en los que se pone en riesgo la vida por alteración del estado de consciencia o involucramiento en riñas. Pero esta es una medida que, de fondo, también resulta represiva.
Otro de los vicios del código es que les da más garrote a los establecimientos de comercio. De acuerdo con un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, al terminar el año 2018 se habían sancionado 6 veces más lugares como bares, tiendas y restaurantes que a ciudadanos comunes. Sin embargo, estos últimos apenas pagaban el 3% de las multas, y tan sólo asistía al 21% de los cursos pedagógicos.
Esto contrasta con la suerte de los establecimientos de comercio, que pueden sufrir un cierre temporal o definitivo, y pagan multas tipo 4 (32 salarios mínimos diarios vigentes), que este año ascienden a $ 883.328. Lo más grave es que, bajo la amenaza de estas pérdidas económicas, el estudio indica que aumenta el riesgo de corrupción y abuso policial.
Y es que, de los más de $ 3.000 millones invertidos por la Secretaría de Seguridad para mejorar la gestión del código, estos recursos han impactado muy poco en el cambio de comportamientos por esta vía.
La próxima administración distrital, en cabeza de las secretarías de Seguridad y Gobierno, así como la Policía Metropolitana, deben adelantar una reevaluación de las estrategias de ejecución del Código Nacional de Policía y Convivencia, que ponga las estrategias de seguridad de mano dura en manos de los cuerpos especializados contra la criminalidad, y priorice los acuerdos ciudadanos para cumplir de manera voluntaria las normas. El fin de las multas del código no es enriquecer las arcas del distrito, sino servir de apoyo a la pedagogía como instrumento para cambiar la sociedad por las buenas.
