Cartas claras

  11 de agosto de 2013 Amigas y amigos: Hay momentos en nuestras vidas en sociedad que exigen de nosotros una posición, una decisión, un esfuerzo y hasta un sacrificio. Pienso que atravesamos uno de esos momentos. Colombia se encuentra en un cruce de caminos: podemos seguir por la senda que llevamos o comprometernos con un mundo mejor. La trayectoria presente permitirá a un número reducido de nosotros llevar vidas satisfactorias y buenas. El resto se seguirá debatiendo en la inseguridad del mañana. Siete de cada diez ya está condenado a una respuesta negativa a las necesidades básicas de una vida plena y digna. De los tres restantes, no más de uno se ganará esa lotería. La ruleta de la suerte no debe ser la base de una sociedad bien organizada en la cual todos los que hagamos el esfuerzo con disciplina, tengamos la posibilidad real de desarrollar nuestras capacidades y escoger libremente nuestro proyecto de vida. La alternativa a la ruleta de la fortuna está en nuestra voluntad de comprometernos con un mundo mejor. Tomar hoy la posición de no ser indiferentes frente al destino común que la vida en sociedad nos plantea. Nuestra obligación es la de examinar con cuidado las opciones y decidir por cuál estoy dispuesto o dispuesta comprometerme para que todas y todos -no sólo unos pocos afortunados- podamos vivir mejor. Hace una generación Colombia vivió una gran esperanza. En 1991, cuando se aprobó la Constitución de la paz, quienes hoy tienen 21 años todavía no habían nacido y quienes llegan a los 30, todavía eran niños o niñas al inicio de su ciclo vital. En ese momento nuestros gobernantes nos dieron la bienvenida al futuro que la gran mayoría veía despejado. Pero ni se conquistó la paz, ni se cumplió la esperanza de los derechos para todos y todas. Estos siguen siendo los retos del presente. La pregunta es si vamos a recibir la respuesta de quienes, teniendo las riendas del país en sus manos, escogieron el camino ya recorrido y aplicaron las respuestas que no han resuelto los grandes desequilibrios, ni la desigualdad de oportunidades, ni los grandes conflictos sociales y armados que se retroalimentan desde hace más de cincuenta años. Quisiera a través de estas cartas -esta es la primera de muchas que escribiré a través de este medio- mostrar que otro camino no solamente es posible sino deseable. Quienes hicieron la guerra tienen la enorme responsabilidad de acordar el fin de las hostilidades. Pero no son ellos los indicados para construir la paz, pues solo harán más de lo mismo como en 1991. Mientras los más miraron con esperanza la consagración de la Carta de Derechos más completa de que hayamos tenido noticia, los pocos, los que manejan los hilos del país, se concentraron en desarrollar un modelo de sociedad traído de afuera y aplicado sin beneficio de inventario a nuestra realidad diversa. Desde el Presidente César Gaviria, con su apertura económica, hasta los Presidentes Uribe y Santos, todos han profundizado un modo de desarrollo consistente en dejar a las fuerzas del mercado las decisiones principales que afectan la vida de cada cual y de toda la sociedad en su conjunto. Ello se ha traducido en leyes, no del mercado sino del Congreso con sus mayorías gubernamentales, que paso a paso han venido desmontando la institucionalidad y las regulaciones orientadas a limitar excesos del mercado. Así se decretó la eliminación de las agencias estatales que apoyaban al campesino, dejado al azar de los grupos armados que contribuyeron a concentrar la tierra mediante el despojo a mano armada y se derogaron las garantías laborales que protegían la estabilidad en el trabajo y su remuneración digna. A través de tratados de libre comercio (TLC) desigualmente negociados, se abrieron las compuertas para importar todo lo que producimos, lo que equivale a exportar puestos de trabajo a nuestros aventajados socios comerciales del mundo desarrollado. En este Gobierno, con la regla de sostenibilidad fiscal, se puso en la lista de espera burocrática del Ministerio de Hacienda, el cumplimiento de los fallos de la tutela que amparan los derechos ciudadanos que impliquen gasto público. El resultado no ha sido todo negativo. El país ha registrado un crecimiento económico que debemos reconocer, así haya venido acompañado de los índices de desigualdad y de desempleo más altos de nuestros pares en América Latina. Pienso que hay una manera mejor de hacer las cosas. Crecer y distribuir a todos lo suyo al mismo tiempo, con la posibilidad de participar como ciudadano o ciudadana activa en las decisiones que nos afectan. Se necesitan nuevas gentes al mando con nuevas ideas y propuestas alternativas en todos los campos: el económico, el social, el político, el territorial, el ambiental, el poblacional y de género. Se necesita más democracia y más participación y, por encima de todo, se requiere hablar con claridad, honestidad y verdad, en toda su dimensión. En las semanas que vienen iré desarrollando este nuevo trato que necesitamos los colombianos y las colombianas para construir una paz sostenible que ampare a todos y todas, por igual.