Ese muchacho, Arias, brillante, inteligente y capaz, con un doctorado a los 29 años, merecía del presidente mucha atención y cariño, tanto que lo llamaban “Uribito” y parecía claro que podría ser el candidato para suceder al Jefe del Estado, sin que él lo dijera, comenta coloquialmente un personaje que miraba el panorama desde alturas generosas, con cierta indiferencia por la disputa interna.
Tantos halagos a su condición intelectual a tan temprana edad lo volvieron soberbio, sobrado. Se le subió el triunfo a la cabeza y suscitó antipatías, aversión y odios, envidias soterradas. Todos lo veían cercano al dueño de los votos (quien parece tener una chequera que no acaba nunca) y Arias actuaba como el ungido.
Santos y otros deseaban para sí el afecto presidencial, que con una señal podía convertirlo en sucesor. Los abrazos de Uribe y las ínfulas de predestinado que Andrés Felipe ostentaba altanero, ocasionaron el encono que quienes hoy lo quieren ver preso en Colombia, cumpliendo los 17 años de cárcel a que fue condenado por el asunto Agro Ingreso Seguro, que algunos consideran “una tontería” y otros el más aberrante delito. Le regalaron dinero a unos ricos para supuestos planes agrícolas, que retribuyeron con votos o ayudas económicas.
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Arias se fugó del país aduciendo persecución política (mientras otros funcionarios del gobierno Uribe se quedaron y fueron a parar a la cárcel), pero la justicia de Estados Unidos no solamente lo puso en su radar sino que lo detuvo y discierne ahora si lo regresa a Colombia.
Y es aquí donde los referidos enconos, las malquerencias y viejos rencores, resurgen para hundir al exministro. La Cancillería y el Ministerio de Justicia (que dependen del presidente Santos) defienden la legitimidad de la extradición, que no comparten otros sectores, con disquisiciones políticas o la Constitución en la mano.
La defensa jurídica de Arias
La defensa jurídica de Arias es múltiple, porque los uribistas lo han tomado como la defensa general de sus intereses y futuro. Unos abogados ante la Comisión Interamericana de Naciones Unidas, otros en Estados Unidos, algunos especializados en temas de extradición y una autoridad mundial en la defensa de derechos humanos. Uno de esos juristas, Víctor Mosquera, subraya el “marcado interés del gobierno por regresarlo a Colombia”. Asegura que antes del caso Arias, la cancillería y la Corte Suprema de Justicia mantenían la jurisprudencia –por más de treinta años- de que el tratado de extradición no existía, que no estaba vigente, pero que por algunos asuntos penales (narcotráfico, entre otros) extraditaban colombianos de manera unilateral no bilateral.Arias se fugó del país aduciendo persecución política (mientras otros funcionarios del gobierno Uribe se quedaron y fueron a parar a la cárcel)-“Pero ahora la Cancillería, extrañamente, cambió de posición en casi quince días cuando el juez solicitó aclaración sobre el tratado de extradición. En vez de pedirle a la Corte Suprema de Justicia que certificara, mandó un escrito firmado por una persona que ya nos había dicho que no existía un tratado de extradición. Envió un escrito a Estados Unidos diciendo que sí había tratado de extradición y con base en eso el juez decidió seguir en el proceso. Esto no significa que lo vayan a traer pero sí que es un tema político, una persecución política, porque no están aplicando el derecho de forma equitativa”. Entonces hoy está la clara persecución por parte del ejecutivo, porque Cancillería hace parte del ejecutivo, insiste al abogado Mosquera.
