La laxitud del acuerdo de paz de Juan Manuel Santos nos pasó factura. Además de premiar terroristas, dejó el camino libre para que Colombia volviera a nadar en coca y por cuenta del narcotráfico, se fortalecieran estructuras conformadas por las denominadas “disidencias de las FARC” y se repotenciara al ELN, diezmado durante la época de Uribe.
El resultado, una nueva acción de barbarie y cobardía por parte del ELN, que enlutó la patria al asesinar 20 jóvenes cadetes -en su mayoría deportistas de alto rendimiento- y dejar más de sesenta heridos, en el corazón de la institución policial: La Escuela de Cadetes General Santander.
Hay que recordar que el gobierno Santos lanzó un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que terminó cargando al Estado colombiano con la responsabilidad de la erradicación concertada, donde se obliga a pagar 36 millones de pesos anuales a cada una de las 135 mil familias cultivadoras de coca, bajo la excusa de que no tenían otra forma distinta de supervivencia.
Medio punto del PIB, bailando al ritmo de los adversarios de la democracia, mientras otros campesinos que jamás han delinquido, a duras penas sobreviven ante la desatención absoluta del Estado.
Hoy los grandes beneficiarios son las mafias internacionales que se enriquecen con el negocio del narcotráfico, que a su vez financia la muerte de comunales, erradicadores y líderes sociales, por un lado, y somete nuevamente a la sociedad y al Estado a la barbarie cíclica que una vez más nos confronta y aterra.
El autor material del atentado terrorista perteneció al ELN por más de 20 años y en varias ocasiones, viajó a Venezuela a realizar entrenamientos en manejo de explosivos. Hombre de confianza de alias ‘Pablito’, del COCE, quien vive en la frontera con Arauca, desde donde se ha encargado del negocio del narcotráfico del ELN con Venezuela.
Lo novedoso y aterrador es que sus hombres estarían recibiendo entrenamiento de explosivos por parte de integrantes del grupo terrorista Hezbollah, en Venezuela, al parecer con la participación de cubanos, venezolanos, brasileños, panameños, mexicanos y, por supuesto, colombianos, a quienes les habrían distribuido importantes cantidades de explosivos.
El año pasado, tres senadores de Estados Unidos, entre ellos Marco Rubio, urgieron al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a sumar al Gobierno de Nicolás Maduro a la lista de los países “patrocinadores del terrorismo”, acusándolos de mantener nexos con “terroristas narcotraficantes”, entre ellos, las FARC y ELN.
Lo que más llama la atención, es que aún así, hay personajes en nuestro país que siguen abogando por una negociación con terroristas bajo el argumento falaz del derecho a la paz.
Nos estamos enfrentando a una nueva faceta de amenazas a la humanidad, en la que Colombia vuelve a ser, desgraciadamente, protagonista.
