La Fiscalía y la Procuraduría coincidieron en que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debe quedar en libertad ahora que el proceso penal que cursa en su contra por presunta manipulación de testigos continuará bajo los parámetros de la Ley 906 de 2004 por decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Así lo sustentaron los delegados ante la jueza 30 de control de garantías de Bogotá en la extensa audiencia innominada que se realizó este jueves 8 de octubre desde las 9:40 a.m. hasta las 10:00 p.m.
Uno de los primeros en intervenir fue el fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene en sus manos la investigación por supuesto soborno y fraude procesal. El funcionario hizo un recuento sobre lo que dice la jurisprudencia en este tipo de casos y manifestó que, a su juicio, la indagación que se le realizó a Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia no puede ser equivalente a una formulación de imputación de cargos.
Según dijo, se vulneraría el principio del debido proceso si se avanzara el procedimiento en el mismo estanco procesal. "Si hiciéramos ese traslado automático de etapas procesales, de la indagatoria a la imputación, dejaríamos huérfano el proceso", señaló.
El fiscal Gabriel Jaimes pidió que el expresidente Álvaro Uribe Vélez quede en libertad mientras avanza la investigación. "La Fiscalía estima propugnar por el respeto a la legalidad, por esa razón respeta el derecho que tiene el doctor Uribe Vélez a la libertad. Y así lo solicita con respeto a este despacho", manifestó.
Sin embargo, el delegado del ente acusador advirtió: "El proceso no parte de cero. La gran cantidad de pruebas no se desestiman, sino que se han convertido en elementos materiales probatorios que serán revisados a la luz de las reglas de cadena de custodia para ser valorados legalmente de cara a una posible formulación de imputación".
La delegada del Ministerio Público estuvo de acuerdo con los argumentos presentados por la defensa del exmandatario para lograr su libertad.
Para ella, "no existe equivalencia entre la indagación y la formulación de imputación" que se especifica en el sistema penal acusatorio, pues "no son compatibles sus ritualidades" y Álvaro Uribe "no tiene la calidad de imputado".
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Aunque no desconoció lo actuado por la Corte Suprema de Justicia, resaltó que en el proceso cambiaron las reglas procedimentales, el paradigma y entraron a regir formalidades diferentes al sistema inquisitivo. "Lo que está en la Ley 906 es lo que ahora debe garantizarse", indicó.
"Debe cumplirse con tal actuación ante un juez de control de garantías. Esa es la ritualidad. Al no haberse cumplido con ese requisito de imputación, la medida de aseguramiento ha perdido el sustento jurídico que la respaldaba. Resulta necesario que la Fiscalía cumpla con la citada imputación y pueda debatirse la necesidad de una medida de aseguramiento bajo la luz del sistema acusatorio", agregó.
