La Fiscalía General de la Nación anunció la ocupación con fines de extinción de dominio contra 12 bienes del ex magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista, acusado de haber liderado una red de corrupción que torcía fallos a cambio de elevadas sumas de dinero y que, en su paso, habría tomado decisiones contrarias al bienestar económico de la nación.
De acuerdo con la entidad, los bienes ocupados están avaluados en nueve mil millones de pesos y corresponden a “tres inmuebles ubicados en Tibacuy (Cundinamarca), uno en Rivera (Huila), uno en Icononzo (Tolima), uno en Bogotá y un edificio en Bucaramanga (Santander); además de cuatro vehículos y una motocicleta”.
En su comunicado, la Fiscalía asegura que las propiedades incautadas harían parte del patrimonio que Vargas Bautista logró con los sobornos derivados de sus acciones de corrupción. “Fueron adquiridas con los dineros que, supuestamente, recibió por direccionar sus decisiones para favorecer los intereses de algunas de las partes en los procesos”, señala la Fiscalía.
A Vargas Bautista se le acusa, entre otras cosas, de llevar a cabo diferentes acciones irregulares con el fin de favorecer los intereses de algunos demandantes, en casos en los que por cierto terminaron siendo desfavorecidos los intereses del Estado (acarreando sumas y obligaciones fiscales por miles de millones de pesos).
“En esta acción ilícita el exmagistrado habría sido apoyado por un familiar y una abogada que fue judicante de su despacho. En el proceso que se sigue contra el exfuncionario judicial existen evidencias de presuntas manipulaciones al sistema de reparto y otras posibles irregularidades con el fin de redireccionar los procesos al despacho de Vargas Bautista”, aseguró Liliana Donado, directora especializada de extinción del derecho de dominio de la Fiscalía.
Cabe recordar que en su momento, el exmagistrado Vargas Bautista habría dirigido una red de corrupción judicial, en compañía de su primo Aldemaro Vargas (quien habría recibido los millonarios sobornos en su cuenta bancaria) y su ex novia Kelly Andrea Eslava, quien dirigía un despacho de abogados que generalmente resultaba favorecido por las decisiones de su presunto socio. Al día de hoy, Eslava es una de las principales testigos de la Fiscalía, al punto de que Vargas ha pedido sin éxito excluir su testimonio.
Algunos de los procesos en los que se presume que el exmagistrado Vargas cometió este tipo de conducta, fue el fallo que obligó al Acueducto a comprar los terrenos del humedal Jaboque, en Engativá, por un valor superior a los 64 mil millones de pesos; o el fallo contra el Hospital Militar, por el que tuvo que pagar cerca de $25 mil millones en un pleito contra varios demandantes, entre ellos un defendido de Eslava. Según la Fiscalía, Vargas y su expareja se aseguraban de obtener un porcentaje de todo ese dinero.
El juicio por este caso se encuentra actualmente en curso y se sabe que el exmagistrado ha perdido en su intento por tumbar las pruebas que la Fiscalía tiene en su contra y que, según él, no le permiten defenderse debidamente. De igual manera, han sido poco fructíferos los intentos de acuerdo entre la Fiscalía y Vargas.
