Las 42 personas que infringieron la orden de aislamiento por el covid-19 y fueron sorprendidas en una finca de Villavicencio (Meta) en medio de una fiesta sexual fueron judicializadas por las autoridades competentes.
La Fiscalía General indicó que 22 de los involucrados fueron afectados con medidas de aseguramiento, mientras que los otros 20 fueron vinculados al proceso judicial por ser los presuntos responsables de delitos relacionados con la violación de medidas sanitarias.
Estas personas fueron capturadas en flagrancia durante una diligencia judicial de allanamiento y registro realizada la noche del 9 de abril en una finca ubicada en el corregimiento de Pompeya.
En el lugar, unidades de la Sijin de la Policía encontraron 21 mujeres y 21 hombres en una reunión, donde estarían consumiendo sustancias alucinógenas y, al parecer, ejerciendo actividades de prostitución.
Según la Fiscalía, al interior de las habitaciones de los encargados de la finca fueron halladas armas de fuego con su munición respectiva, cocaína y licor adulterado.
Los capturados fueron presentados ante el Juzgado 9° Penal Municipal con función de control de garantías para su judicialización. En las audiencias concentradas, que se realizaron durante seis días, se legalizó la orden de la diligencia de allanamiento.
En desarrollo de las diligencias, la Fiscalía imputó cargos contra 38 personas por el delito de violación de medidas sanitarias.
A otros cuatro sujetos, incluido el dueño de la finca y de un bar señalado como lugar de lenocinio y venta de alcohol, su hijo y sus trabajadores, el ente investigador les imputó, además, cargos por fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas; fabricación, tráfico y/o porte de estupefacientes; imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias y violación de medida sanitaria.
Ninguno de los cuatro procesados aceptó los cargos.
El juzgado impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra cuatro personas; uno más recibió medida no privativa de la libertad y a los 17 extranjeros detenidos se les impuso medida no privativa de la libertad.
Los 20 investigados restantes fueron vinculados al proceso judicial sin medida de aseguramiento, por no cumplirse ningún requisito subjetivo en su contra.
