El presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, Jorge Ignacio García González, ha anunciado que el gremio se verá forzado a inmovilizar sus vehículos en respuesta a los recientes anuncios del gobierno de Gustavo Petro sobre aumentos en el precio del ACPM (diésel). García González expresó su profunda indignación por las medidas adoptadas, que según él, amenazan la viabilidad económica del transporte de carga en el país.
El conflicto surgió tras un pronunciamiento del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien confirmó que se aplicarán tres incrementos al precio del ACPM, ascendiendo a 6.000 pesos en menos de un año. García González criticó duramente la falta de comunicación y el incumplimiento de compromisos por parte del gobierno. "Estamos indignados con el pronunciamiento del ministro de Hacienda porque además incumplió su palabra", dijo García González. Explicó que después de una reunión con representantes del gremio la semana pasada, Bonilla se comprometió a discutir con el presidente Petro y comunicar una decisión conjunta, pero esta no se realizó.
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Según García González, el ministro fue más allá de las expectativas al anunciar un alza de 3.000 pesos para este semestre y otros 3.000 pesos para el primer semestre del próximo año. Este incremento, asegura, hace inviable el servicio de transporte de carga, dado que el costo del combustible representa una parte significativa de los gastos operativos. "No podemos trabajar a pérdida y los fletes no se están pagando de manera justa", agregó.
El líder transportador destacó que, a pesar de estar abiertos al diálogo y dispuestos a recibir una llamada del ministro Bonilla, el gremio se ve obligado a tomar medidas drásticas. "No nos queda otro camino que inmovilizar nuestros vehículos, y eso tendrá consecuencias enormes para la economía del país", advirtió. García González señaló que el transporte de mercancías, crucial para la cadena de suministro, se verá afectado, lo que podría paralizar la distribución de productos desde los puertos a otras regiones del país.
El anuncio de paros y la amenaza de inmovilización de vehículos ponen de relieve una creciente tensión entre el gobierno y el sector transportador. García González criticó al gobierno por tomar decisiones que, según él, contravienen los esfuerzos por reactivar la economía, acusando al gobierno de agravar la situación económica en lugar de mejorarla.
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El conflicto entre el gobierno y el gremio de transportadores plantea serios desafíos para la estabilidad económica del país, a medida que se avecinan nuevas acciones de protesta y paros que podrían afectar gravemente la logística y el comercio en Colombia. La situación sigue en desarrollo, y las partes involucradas deberán encontrar una solución para evitar un caos económico mayor.
