En medio de un seminario que tuvo la intervención del presidente Iván Duque, se cuestionó los pronunciamientos realizados por el organismo de justicia, según el mandatario, toda la información entregada y suministrada a la JEP debe ser claras y el debido esclarecimiento, todo esto, según el mandatario para tener una verdad objetiva.
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Es importante resaltar que La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre los años 2002 y 2008.
Así lo dio a conocer en su estrategia de priorización dentro del caso 03 conocido como el de falsos positivos, donde contrastó las cifras que fueron entregadas por la Fiscalía General cuando el tribunal especial comenzó a estudiar el fenómeno.
La primera fase de investigación de este caso se concentró en seis territorios: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.
Esta decisión, según la JEP, se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal.
Ante estas declaraciones el presidente Duque manifestó recientemente:
“Queremos que todo el manejo de información y de los casos tenga todo el soporte probatorio y el esclarecimiento debido según los principios del derecho penal de nuestro país, para que no haya espacio para especulaciones. La forma más importante en la que esperamos se pronuncie la justicia, sea con la claridad y la efectividad de sus providencias. La justicia siempre se hace grande cuando llega a la verdad objetiva, incontrovertible en las sentencias, en las providencias y no en los micrófonos”, informó el mandatario.
Así mismo, aprovechó el escenario en el que se encontraba para hacer un llamado a la justicia, para poder trabajar en pro de las victimas y las personas que sufrieron el conflicto armado, según Duque, “nunca nos cansaremos de defender el principio a partir del cual los máximos responsables deben comportarse de una manera clara y gallarda frente a sus víctimas empezando porque sea incompatible una sanción por ese tipo de delitos deleznables frente a la representación política en cargos que a todas luces son cargos de alta representación en la institucionalidad nacional”.
Según el reporte que entregó la Fiscalía General en ese momento, eran 2.248 las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, con estos nuevos datos que entrega la JEP se indica que habría 4.154 víctimas más de los mal llamados falsos positivos, y que el 66% del total nacional de víctimas de concentró en diez departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.
El tribunal especial indicó que las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP.
A pesar de esto, señaló que las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas.
