La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) presentó este viernes ante el Consejo Permanente de la Organización su informe semestral número 28, en el que dio cuenta de los altos niveles de hostilidad que durante el segundo semestre de 2019 ejercieron contra comunidades y líderes sociales diferentes grupos armados ilegales.
"Alarma la persistencia del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, el secuestro, la violencia sexual, el confinamiento y el desplazamiento", que generan impactos en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, dijo Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, según informó el organismo.
En 1.200 misiones de monitoreo, la misión de la OEA constató que la continuidad en las acciones de expansión y control territorial de los grupos armados ilegales generaron afectaciones a la población en algunas de las regiones más vulnerables de Colombia.
También advirtieron sobre amenazas, hostigamientos, estigmatización, desplazamientos forzados y homicidios contra liderazgos comunales, de derechos humanos, reclamantes de tierras, promotores de la sustitución de cultivos ilícitos y autoridades étnicas, en territorios como Cauca, Valle del Cauca, Nariño (suroeste), Antioquia, Chocó (noroeste), Caquetá (sur), Meta (centro) y Norte de Santander (nordeste).
Asimismo, el informe expuso que el acceso a la tierra y la defensa del territorio siguen configurándose como escenarios de riesgo en el país, al tiempo que llamó la atención sobre graves afectaciones contra excombatientes de las antigua guerrilla de las FARC en proceso de reincorporación.
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Frente a este panorama, la misión de la OEA en Colombia reiteró su exigencia a los grupos armados ilegales a cesar todo ataque contra la población civil e instó a las autoridades nacionales y locales a fortalecer la articulación de esfuerzos en favor de la protección y la no repetición de violencias.
Por último, reiteró su llamado al Gobierno y a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) a continuar la búsqueda de escenarios de diálogo, luego de que los mismos se rompieron en febrero de 2019 a raíz de un atentado de ese grupo rebelde contra una escuela de Policía en Bogotá que dejó 22 estudiantes muertos y unos 60 heridos.