La firma española GAD3 informó que dejará de publicar encuestas electorales en Colombia. La decisión, según la compañía, responde a la interpretación que la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) está haciendo de la nueva normativa sobre encuestas políticas y electorales.
La empresa aclaró que la suspensión aplica únicamente para la publicación de estudios electorales en Colombia. Sus demás operaciones en el país, así como sus proyectos no electorales, continuarán con normalidad. GAD3 sostuvo que prefiere tomar esta decisión antes que comprometer su reputación, la del CNE o la de su cliente, RCN.
El debate gira alrededor de la Ley 2494 de 2025, expedida el 23 de julio de 2025, que regula la realización y divulgación de encuestas para cargos de elección popular y opinión política. La ley busca garantizar transparencia en los datos, igualdad en el acceso a la información y mayor solidez técnica en este tipo de mediciones.
Las quejas metodológicas de GAD3
El primer reparo de GAD3 es que, según su lectura, la Comisión Técnica estaría exigiendo demostrar que cualquier ciudadano tuvo una probabilidad cierta y cuantificable de ser seleccionado para el estudio. Para la firma, esa condición es inviable en investigaciones sociales con personas, especialmente cuando se trata de medir una decisión libre como la intención de voto.
El segundo punto tiene que ver con el tipo de encuesta que sería aceptado. GAD3 afirma que, bajo el criterio adoptado por la Comisión, solo se estarían considerando válidas las encuestas domiciliarias presenciales. La compañía cuestiona esa interpretación porque, en su criterio, desconoce otros métodos usados en estudios electorales, como las entrevistas telefónicas, los paneles en línea y las metodologías mixtas.
El tercer argumento apunta a las condiciones de seguridad. La firma sostiene que en un país con zonas donde hay riesgos para el trabajo presencial, las entrevistas telefónicas pueden permitir respuestas más libres que una visita cara a cara en el domicilio del encuestado. Según GAD3, este punto es relevante en Colombia, donde la presencia territorial de actores armados y las condiciones locales pueden afectar la disposición de una persona a responder sobre política.
El cuarto reparo se relaciona con la cobertura tecnológica. GAD3 defiende que la alta penetración de la telefonía móvil permite construir muestras representativas del cuerpo social. Según la firma, este ha sido uno de los métodos más usados en procesos electorales recientes y hace parte de las herramientas habituales de medición en varios países.
El quinto cuestionamiento es más amplio: la empresa advierte que, si se aplica de manera estricta la exigencia sobre la probabilidad de selección de cada ciudadano, no solo quedarían en duda las encuestas telefónicas, sino también las presenciales, los paneles en línea y los modelos mixtos. GAD3 incluso afirmó que bajo ese estándar podrían quedar por fuera referencias internacionales y operaciones estadísticas oficiales usadas como insumo técnico en Colombia.
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Una discusión que venía de antes
La decisión de GAD3 no aparece en un vacío. En julio de 2025, César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, ya había advertido reparos frente a la nueva ley de encuestas. Caballero sostuvo que la norma fue aprobada sin suficiente discusión con expertos y que podía afectar la libertad de expresión y la calidad de la información disponible para los ciudadanos.
Entre sus críticas estaban la obligación de entregar bases de datos con información de contacto de los encuestados, los posibles efectos sobre el secreto estadístico, el aumento en los tamaños de muestra y el encarecimiento de las mediciones. También cuestionó las restricciones temporales para publicar encuestas de intención de voto, al considerar que podían limitar el seguimiento público de la campaña.
El CNE, por su parte, ha defendido la necesidad de diferenciar entre encuestas y sondeos. En abril de 2026, el organismo alertó sobre deficiencias metodológicas en estudios difundidos como encuestas electorales y señaló problemas en el diseño muestral, la cobertura del universo electoral, la validez de las inferencias estadísticas y el uso de técnicas de ajuste.
¿Qué sigue para las encuestas electorales?
La decisión de GAD3 ocurre en medio de la campaña presidencial de 2026 y reduce el número de firmas que publican mediciones sobre intención de voto. La compañía dijo estar dispuesta a aportar su experiencia para construir un marco regulatorio que combine rigor metodológico con viabilidad práctica.
El debate ahora queda en manos del CNE, las firmas encuestadoras, los medios que contratan mediciones y los actores políticos. El punto central será si las nuevas reglas logran aumentar la transparencia sin cerrar el espacio para metodologías que, según las encuestadoras, ya hacen parte de la práctica internacional de investigación electoral.
