En agosto de 2020, una mujer de la pequeña localidad chilena de Angol se acercó al consultorio público de salud del lugar a retirar una tanda de pastillas anticonceptivas, haciendo uso de un beneficio gubernamental con el que cuentan las mujeres de escasos recursos en el país. Pero la mujer regresó explicando que en la caja faltaban comprimidos y las funcionarias del consultorio notaron que esto también se repetía en otras cajas del producto de la marca Anulette CD.
Lo que parecía un problema aislado escaló hasta el Instituto de Salud Pública de Chile, organismo que el 24 de agosto de 2020 alertó que un total de 276.000 productos de la misma marca estaban mal envasados y lo peor, que habían sido distribuidos en centros de salud primaria de todo el país desde septiembre de 2019.
Si bien el problema saltaba a la vista en algunas cajas en que faltaban comprimidos, en otras el defecto era menos perceptible. Se descubrió que en algunos blíster (los envases en forma de ampollas), donde debía estar la pastilla con el principio activo se encontraban los placebos, que van al final del envase.
En un principio, el ISP ordenó el retiro de unos 14.000 anticonceptivos mal rotulados, pero con el paso de los días el propio laboratorio Silesia, propiedad del conglomerado alemán Grupo Grünenthal, detectó más fallas y sacó por su propia cuenta dos lotes completos de la pastilla de circulación pública y de las farmacias privadas. Pero ya era demasiado tarde.
Más de 250 mil blíster de marca Anulette habían sido distribuidos y la investigación reveló que además, otros dos anticonceptivos del laboratorio Andrómaco —también del Grupo Grünenthal— tenían lotes que venían químicamente defectuosos, y debieron ser retirados. Según una investigación que está llevando adelante la agrupación pro derechos sexuales y reproductivos Miles Chile, en conjunto con la organización internacional Women's Link Worldwide, 111 mujeres quedaron embarazadas producto de estos productos defectuosos.
Chile violó derechos sexuales
Miles y Women's Link Worldwide comenzaron una campaña elevando la denuncia a las Naciones Unidas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer pública esta situación, asegurando que las mujeres tuvieron que asumir solas las consecuencias físicas, sicológicas y sociales de un embarazo no buscado. Denunciaron que muchas de ellas vieron afectados sus sueños y proyectos de vida, y otras que tuvieron que renunciar a sus estudios, trabajos o incluso, algunas que fueron despedidas por su condición.
"Chile violó los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y lo más grave es que esto sucedió en los consultorios del país, donde acceden a estos beneficios las personas que son de bajos recursos", dijo a Spuntik la abogada de Miles Chile, Laura Dragnic. La profesional explicó que decidieron interponer esta denuncia ante los organismos internacionales ya que no solo existiría una responsabilidad del laboratorio en entregar productos defectuosos, sino también del Estado de Chile.
"El Estado debe garantizar una salud de calidad para todas las personas, algo que no se logra entregando medicamentos defectuosos. Además, tenemos antecedentes de que se siguieron entregando pastillas mal envasadas incluso después de que el Instituto de Salud Pública emitiera el comunicado con la advertencia. No hubo fiscalización ni investigaciones", afirmó.
Asimismo, señaló que el Estado incurrió en una mayor falta debido a que algunas de estas mujeres solicitaron la interrupción de sus embarazos, pero les fue negada ya que no cumplía con ninguna de las tres causales permitidas en el país (riesgo de vida para la madre, feto inviable o violación).
"Es importante que se le comunique al mundo que Chile no ha hecho nada por estas mujeres. Necesitamos que los organismos se pronuncien, se manifiesten y que las empresas privadas sean obligadas a reparar a las mujeres afectadas", indicó.
Por último, Dragnic hizo una reflexión: "Si en Chile una mujer no tiene garantías para acceder a anticonceptivos de calidad, no tiene educación sexual que te enseñe cuándo ser madre, o decidir no ser madre, y tampoco hay derecho a acceder a un aborto, se constata que acá se violan los derechos sexuales y reproductivos".
El 15 de octubre de 2020, solo dos meses después de que esta polémica saliera a la luz, el Congreso de Chile rechazó un proyecto de ley que establecía una educación sexual integral para menores de edad en colegios y establecimientos parvularios. Actualmente se debate en el Congreso una ley sobre despenalización del aborto antes de las 14 semanas, pero aún no logra concitar las fuerzas políticas suficientes para convertirse en ley.
Por: Francisco Bravo Atias / Sputnik
