El alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, investigado por presunta corrupción en contratos durante la pandemia por el coronavirus, fue suspendido este jueves por la Contraloría General de la República.
En una rueda de prensa de la Fiscalía y la Contraloría argumentaron que el alcalde Andrés Gómez deberá responder por contratos firmados en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19 para suministrar kits alimenticios a más de 13.000 familias vulnerables de la capital de Sucre.
Lea también: Contraloría pone la lupa en contratos de Daniel Quintero y Clara Luz Roldán
De acuerdo con los entes de control, la presunta corrupción en contratos tendría un sobrecosto en la compra de alimentos de $1.051 millones de pesos.
Según la Contraloría en la repartición de ayudas humanitarias durante la cuarentena no fueron entregadas 66.665 libras de frijol a 13.333 familias vulnerables de Sincelejo.
Por su parte la Fiscalía llamara a interrogatorio en calidad de indiciado al alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez, por supuestos hechos de corrupción durante la emergencia sanitaria.
Le puede interesar: Alcalde de Neiva abrirá restaurantes y bares a partir del 1 de junio
El anunció lo hizo el fiscal general, Francisco Barbosa, en la misma rueda de prensa en la capital del país.
Contra el alcalde de Sincelejo también cursa una investigación disciplinaria relacionada con los mismos hechos.
Junto al alcalde también son investigados la jefe de la Oficina Jurídica del municipio, Katiuska Margarita Fernández Castillo; y otras siete personas, entre funcionarios y particulares, por presuntas irregularidades en dos contratos de suministro de alimentos y uno de publicidad.
Además: Capturaron al alcalde de Guaduas, Cundinamarca, por presunta corrupción
El valor de los contratos superaría los $3.000 millones de pesos. Los indiciados fueron citados a interrogatorio.
Por su parte, el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez, precisó, a través de un comunicado, que ha actuado siempre con transparencia, que es una persona respetuosa de la Constitución y las leyes y en razón a ello acatará las decisiones que las entidades antes mencionadas tomen en desarrollo de las investigaciones fiscales, penales y disciplinarias que cursan en su contra.
