La Procuraduría General de la Nación abrió investigación y solicitó la suspensión provisional por tres meses del alcalde Tierralta, Córdoba, Daniel Enrique Montero Montes, y del secretario de Gobierno, Loyar Manuel Pineda Delgado.
El ente de control investigará a los funcionarios por presuntos sobrecostos en un contrato por 750 millones de pesos para la compra de mercados destinados a atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid-19.
La Procuraduría investiga presuntas irregularidades en la etapa contractual y una supuesta violación a los principios de responsabilidad, selección objetiva y planeación, ante la aparente ausencia de estudios previos y análisis de mercado, la identificación de la población objeto y beneficiaria de las ayudas, y de las bases de datos para verificar la focalización e identidades de las personas que están recibiendo las ayudas.
El Ministerio Público explicó que se busca establecer si no se acreditó la experiencia por parte del proponente y si no se le habría exigido la capacidad financiera y organizacional, y si se presentaron sobrecostos en el contrato 042, del 26 de marzo, que podrían ser del orden de 190 millones de pesos, para la adquisición de 10 mil kits de mercados.
La Procuraduría busca establecer si el alcalde y el secretario, en su condición de supervisor del contrato, incurrieron en una falta disciplinaria, los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el perjuicio causado a la administración pública y su grado de responsabilidad.
Para evitar la reiteración de la comisión de la falta y una eventual interferencia en la práctica de las pruebas ordenadas, la Procuraduría suspendió a los funcionarios.
Este proceso entra al programa ´Transparencia para la emergencia´, que lideran la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
