Durante el consejo de Gobierno, el alcalde Daniel Quintero Calle reiteró que apoya y confía en la secretaría de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz, y recordó que durante 2020 la Contraloría había abierto un proceso por el mismo contrato por el que ahora es investigada la funcionaria.
Señaló que, así como en ese momento se demostró que no hubo sobrecostos por $900 millones sino ahorro de $500 millones, esta vez la secretaria también podrá demostrarlo.
“Después de casi tres años le volvieron a abrir esta vez a la secretaria de Educación un proceso por el mismo contrato. Va a demorar después de este proceso, porque además le hicimos doble chequeo, que antes nos ahorramos plata y por eso tenemos toda la certeza y toda la tranquilidad y todo el apoyo para la secretaria, porque yo sé lo que está sufriendo en lo personal”, expresó el alcalde.
Aseguró, además, que en el caso del segundo contrato hay $4.000 millones de pesos menos que no se le han pagado al contratista.
Tras imputación de cargos por caso Buen Comienzo, concejal Alfredo Ramos habló sobre presunto amañó del contrato
Este lunes 13 de febrero la Fiscalía solicitará en audiencia la medida de aseguramiento preventivo contra la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo; la exdirectora técnica del programa Buen Comienzo, Lina María Gil; y el representante legal de la Corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez.
La petición se daría luego de que les imputaran los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, tentativa de peculado en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El caso está relacionado con la denuncia que hizo a finales de 2020 el concejal de Medellín, Alfredo Ramos Maya, sobre las irregularidades en la contratación entre el programa Buen Comienzo y la cuestionada corporación Colombia Avanza de Bello.
Ramos recordó que el 25 de noviembre de 2020, la secretaria de Educación habría cambiado la forma de contratación en el modelo entorno familiar de Buen Comienzo, que hasta ese momento estaba dividido en un componente pedagógico y otro alimentario.
El pedagógico estaba a cargo de cuatro reconocidas corporaciones, algunas con experiencia de más de 60 años y fundadores del programa Buen Comienzo.
Aunque estaban altamente capacitadas, la contratación se entregó a Colombia Avanza, creada en 2015 y con una vaga experiencia en pequeños municipios durante la gobernación de Luis Pérez. El contrato se habría entregado por prestación de servicios, se unificaron los componentes pedagógico y alimentario, sumando así más de $16.000 millones entregados a dedo.
“Argumentando poca participación de contratistas decidieron cambiaron el modelo a una contratación por prestación de servicios. Eso es ridículo, un contrato de prestación se entrega a dedo, a este paso terminarán haciendo puentes por prestación de servicios en la ciudad”.
Y agregó que “en 2020, a los oferentes los obligaron a estar en el banco de proponentes del ICBF. Colombia Avanza ya estaba, aunque era la peor calificada. A las corporaciones que ya estaban en Buen Comienzo no les informaron y quedaron por fuera, así fue como armaron este muñeco de corrupción”.
