Durante 120 días la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) explorará dos lotes de las zonas conocidas como La Escombrera y La Arenera, en la Comuna 13 de Medellín, donde se presume hay cuerpos inhumados de víctimas de desaparición forzada.
Tras un pormenorizado análisis del material entregado por la Fiscalía General de la Nación y el Grupo de Análisis de la Información de la JEP (GRAI), la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ordenó proteger y diseñar –en un lapso de 30 días- un plan de búsqueda en estos terrenos.
De acuerdo con la Sección, el “Polígono Nuevo” en La Escombrera ha sufrido pocos cambios naturales o por intervención humana. Esto, según expresan los magistrados en el Auto AI 010 de 2020, facilitará la investigación.
El interés que hay sobre esta primera área delimitada se debe a la cercanía con un sector de la base paramilitar que operó en este terreno durante varios años. Es precisamente en ese tipo de zonas donde solían hacer inhumaciones de las víctimas de desaparición forzada, de acuerdo con los patrones observados en el marco de los procesos de Justicia y Paz donde declararon múltiples exmiembros del Bloque Cacique Nutibara.
Sin embargo, la Sección manifestó su preocupación por una carretera que atraviesa el polígono y que es transitada por vehículos y maquinaria pesada.
El segundo lote protegido fue identificado como “zona de bajos cambios en la cobertura del suelo”. Se trata de un área que registra un aumento de la cobertura vegetal y que también cuenta con una vía que lo cruza.
Se ubica a 44 metros, al suroccidente de la llamada Antigua Laguna, que desapareció en el año 2015 por acción de la explotación minera realizada en la zona denominada La Arenera. Un hecho lamentable, advierte la Sección, a pesar de la existencia de testimonios que enfatizaban su importancia para el territorio.
Protección en las zonas
Como consecuencia de la medida cautelar, a partir de la expedición de esta decisión, queda prohibida cualquier intervención, bien sea de tipo minero o de paso por los lugares mencionados, salvo autorización expresa de la Sección.
En ese sentido, la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional deben garantizar el cerramiento de los lugares delimitados. Asimismo, la JEP solicitó a la empresa El Cóndor S.A., dueña de estos terrenos, la preservación de los mismos y su conservación intacta.
