La Contraloría Departamental adelantó una auditoría especial a la Gobernación del Tolima sobre la vigencia 2018, arrojó 15 hallazgos administrativos, dos de ellos fiscales que ascienden a los $279 millones y uno disciplinario.
El primero de los hallazgo fiscales se originó, porque la Gobernación canceló a destiempo el impuesto predial de las instituciones educativas que tiene a su cargo en Lérida. En septiembre del año anterior, pagó lo que debía desde el 2012 hasta 2018.
El valor cancelado fue de $106 millones 786 mil 656 y los intereses de mora cobrados por el Municipio llegaron a $131 millones 597 mil 614, a lo que se suma el cobro de sobretasa ambiental que fue de $21 millones 433 mil.
Para la Contraloría, la Gobernación incurrió “en un presunto daño patrimonial al cancelar al Municipio $131 millones 597 mil como intereses de mora”.
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Y, el segundo hallazgo con incidencia disciplinaria surge, porque han pasado ocho años desde que el Departamento contrató a la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P., para la instalación de red LAN inalámbrica y red electrónica en 58 instituciones educativas, y hasta la fecha no se ha liquidado.
La inversión era de $368 millones 598 mil 653 y en 2011 cuando se celebró el acuerdo, que era para ser ejecutado en 45 días, se entregó un anticipo de $147 millones 439 mil 461.
El ente de control llamó la atención en que, “las pólizas para garantizar el buen manejo del anticipo y la correcta ejecución del contrato no fueron prorrogadas, lo que significa que la Gobernación del Tolima por falta de una adecuada supervisión, sufrió un presunto daño patrimonial”, por el valor del anticipo.
Esto teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido a satisfacción el servicio contratado, “además que, al haber perdido vigencia la póliza de seguros, la Administración departamental se encuentra sin herramientas para solicitar el reintegro de dichos dineros”.
La conclusión de la Contraloría es que el Control Interno Contable de la Administración seccional es “deficiente e inoperante”
