En Medellín se avanza en el retorno voluntario indígena de mayor magnitud que se ha realizado en el país con apoyo del Estado. Esto ha permitido la salida de 15 buses y seis camiones con alrededor de 110 familias. Son 420 personas las que ya están en dirección al Alto Andágueda, departamento del Chocó, bajo una estrategia interinstitucional que involucra entidades a nivel nacional y local para garantizar seguridad en el proceso y restablecimiento de derechos.
Entre hoy y el jueves, el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Secretaría de la No-Violencia en articulación permanente con la Unidad Nacional de Atención y Reparación a Víctimas (UARIV), Secretaría de Gobierno, Gerencia de Etnias, el ICBF, Defensoría del Pueblo, Personería, Gobernación de Antioquia y la Gobernación del Chocó, acompañan a hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores que se están dirigiendo a su territorio ancestral para retomar sus proyectos de vida y unidades productivas de forma digna y segura.
Durante el primer día del retorno 420 indígenas están camino a sus resguardos en el Chocó
“Esto ha significado un gran esfuerzo de articulación que esperamos se concrete de la mejor forma. Hoy nos ha representado, como Alcaldía de Medellín, unos compromisos adicionales con la comunidad Emberá que continuará su procesos de retorno mañana y el jueves. Para esto, hemos acordado reforzar la seguridad en la Institución Educativa Héctor Abad Gomez para que las personas que van quedando sientan que tienen las condiciones de seguridad para comenzar su proceso de retorno en ambos días. De igual manera, nos comprometimos a que la alimentación que requiera la población durante martes y jueves será suministrada por la Alcaldía de Medellín”, expresó el subsecretario de Justicia Restaurativa de la No-Violencia, Iván Palomino.
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La Unidad Nacional de Atención y Reparación a Víctimas tiene la labor de hacer el seguimiento del retorno de la comunidad Emberá Katío, en su función de coordinación del Sistema Nacional para garantizar la sostenibilidad del retorno, el restablecimiento de los derechos de las víctimas y la garantía de condiciones dignas para la vida.
“Realmente estamos contentos como comunidad por regresar al territorio, poder cambiar y expresar nuevos futuros en territorio. Aquí la Alcaldía y Gobernación de Antioquia nos han apoyado para llegar al territorio con todos los corotos, porque no podemos quedarnos en el camino”, dijo Rodrigo Pitopae, líder Emberá.
El Distrito continuará con la aplicación de las rutas de atención inmediata de acuerdo con lo establecido en la Política Pública de Asistencia, Atención y Reparación a Víctimas; pero reconoce la importancia de que la institucionalidad del departamento del Chocó y el Estado Colombiano se comprometan en trabajar por la garantía de derechos en el territorio, la alimentación, vivienda, salud, y trabajo que se requiere con esta comunidad en el Alto Andágueda para prevenir nuevos desplazamientos a las ciudades principales.
Comienza travesía de casi 900 indígenas desplazados que retornan a su resguardo
Con el retorno que comienza hacia el resguardo Tahami del Alto Andágueda (Chocó), unos 850 indígenas emberá quieren dejar atrás las penurias que sufrieron por años de vivir en Medellín, la mayoría como desplazados del conflicto armado que los expulsó de sus territorios ancestrales.
Volver allá con mejores condiciones de vida es el deseo de Pedro Vitucay, quien planea emprender un viaje de tres días que comienza en bus este martes en Medellín hasta la vereda Ágüita en Pueblo Rico (Risaralda), donde el miércoles las familias recibirán ayuda humanitaria y económica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Alcaldía de Medellín consistente en alimentos, materiales para acondicionar sus viviendas (madera, tejas), insumos para un proyecto de artesanías, instrumentos musicales y el pago del transporte mular hasta sus zonas muy distantes.
Desde allí Pedro, su mujer e hijos emprenderán otro camino que puede tardar entre 7 y 10 horas con sus enseres a lomo de mula hasta la zona 4, una de las más alejadas del resguardo donde actualmente viven unas 9.000 personas de la etnia emberá katío.
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Estos han resistido a la violencia de las disputas por el oro desde los años 70 del siglo pasado y, en los últimos 20 años, el conflicto entre guerrillas y grupos de autodefensas, además de carencias de servicios públicos, salud, educción y vías de comunicación.
Pedro es uno de los más de 2.000 indígenas desplazados del Alto Andágueda por la violencia a ciudades como Medellín, Bogotá, Pereira o Cali. Por eso, como uno de los líderes de su comunidad, dice que “dialogamos para que este retorno sea con garantías y derechos como víctimas”.
A Medellín él llegó con su familia hace cinco años 5 años “por el conflicto y amenazas allá en el territorio”. Al igual que el resto de los indígenas desplazados en la “selva de cemento”, sufrieron condiciones de vida precarias como hacinamiento, desempleo, desnutrición y mendicidad.
“Esta ciudad es difícil para vivir nosotros, hay muchos riesgos y todos es plata para comer, dormir. A veces la mujer salía por ahí mendigando, pero hay días que pasamos aguantando sin comer”, relató.
Para cumplir con las garantías, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Alcaldía de Medellín han dispuesto un acompañamiento con el apoyo de entidades territoriales y autoridades de Antioquia, Risaralda y Chocó para el traslado de las 215 familias entre el 23 y el 26 de mayo.
La logística comenzó este fin de semana con la recogida enseres de las familias en los inquilinatos donde vivían y en la sede del colegio Héctor Abad Gómez para su embarque, por adelantado, hasta Pueblo Rico.
Según Claudia Patricia Segura Prada, coordinadora de retornos y reubicaciones de la Unidad para la Reparación a las Víctimas, “este es un plan de retorno con enfoque diferencial étnico coordinado con las entidades territoriales, que se suman a este gran proceso y dando cumplimiento a esos principios de voluntariedad, dignidad y seguridad”.
La entidad realizará una inversión aproximada de 1.086.000.000 de pesos para este acompañamiento. “Para garantizar la permanencia en sus resguardos y la sostenibilidad del retorno, la Unidad para las Víctimas brindará apoyo económico a cada familia retornada y al hogar receptor y, posteriormente, otro recurso económico para la sostenibilidad en el territorio”, indicó la funcionaria.
Además, precisó que este será el noveno retorno de población emberá del Alto Andágueda que coordina la entidad desde varias ciudades del país a favor de más de 2.500 indígenas.
Martín Tequia, consejero mayor de la Asociación Emberá Katío del Chocó, destacó los 103 compromisos con la entidad enfocados en el mejoramiento de la infraestructura comunitaria, restitución de tierras, mejoramiento de la salud y fortalecimiento a las organizaciones y proyectos productivos.
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“Queremos seguir desarrollando retornos dignos, estamos haciendo la gestión para quienes estén desplazados regresen y como autoridad, espero que ellos vuelvan a donde pertenecen y de donde nunca debieron haber salido”.
Con la pretensión de que el retorno sea sostenible en el tiempo, se planea acercar a estas comunidades la oferta en salud, educación, proyectos productivos y mejoramiento de vías, con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Desde el año pasado, en articulación con los entes territoriales, la Unidad para las Víctimas apoyó con alimentos y ayuda humanitaria económica a integrantes de la comunidad emberá reconocidos como desplazados para su subsistencia en Medellín.
Como antecedente, la entidad y la Alcaldía de Medellín realizaron, en 2016, el retorno con acompañamiento de 320 indígenas emberá con destino al mismo resguardo del Alto Andágueda.
