Una gran controversia se ha generado por cuenta del nuevo proyecto de ley que adelanta el Centro Democrático en el Congreso, mediante el cual se pretende “modificar el Contrato de Aprendizaje y crear el contrato de Aprendizaje Extendido con el fin de aumentar el empleo en la población joven”.
Una iniciativa que ha sido calificada por sus críticos como una forma de precarizar aún más la situación laboral de los jóvenes en Colombia, población que según el último informe del DANE tiene una tasa de desempleo del 23% con respecto al porcentaje nacional del 14,3%.
La propuesta, presentada al presidente del Senado de la República, Juan Diego Gómez, se compone de tres puntos fundamentales: el establecimiento del nuevo contrato especial aprendizaje extendido, las normas que regirían para las prestaciones sociales de los practicantes, así como las cuotas que aplican para personas naturales o jurídicas que quieran implementar esta modalidad de contratación.
“Los jóvenes regalan su trabajo por experiencia laboral, otros se graduaron y no consiguen empleo sin experiencia previa. Con este proyecto, tendrán un reconocimiento, seguridad social, pensión, y la experiencia que necesitan”, aseguró la senadora del Centro Democrático Milla Romero, autora del proyecto, quien confirmó que ya fue aprobado en primer debate.
Otros autores del proyecto son los y las congresistas Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, Juan David Vélez, Christian Garcés, José Obdulio Gaviria, Ernesto Macías, María Fernanda Cabal, Jennifer Arias, Javier Mauricio Delgado e incluso registra, entre otros, el exrepresentante a la Cámara Edwin Ballesteros, quien hace poco renunció por el proceso que tiene abierto en la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción.
Por un lado, lo que el proyecto propone es que el Contrato de Aprendizaje Extendido, que complementaría la modalidad actual de vinculación de aprendices, pueda extenderse por un mínimo de 12 meses y un máximo de 24, con una contraprestación económica que no puede ser inferior a un salario mínimo.
“Es una forma especial dentro del Derecho Laboral, adicional a lo establecido en la presente ley, mediante la cual una persona menor de 30 años, que no haya tenido contratación laboral previa, y se haya graduado de bachiller, técnico, tecnólogo o profesional en una institución educativa debidamente acreditada, o como operario o auxiliar del SENA, desarrolla formación práctica en una entidad o persona natural autorizada”, estipula uno de los artículos del documento.
De igual manera, se asegura que los vinculados por medio de este nuevo contrato deberán tener todas las prestaciones sociales, cotizadas igualmente a partir de un salario mínimo. Destacando en este caso que el aprendiz “estará afiliado al Régimen Subsidiado del Sistema de Seguridad Social en Salud”, lo que significa que sería el Estado quien asumiría de una u otra manera lo relativo a la salud, según asegura el abogado comercialista Johan Vargas.
Igualmente, se establece que todas las cotizaciones en pensión tendrán validez para la cuenta de semanas necesarias para la jubilación. Un cambio que en principio sería bastante sustancial frente a la situación actual.
Finalmente, en el último inciso se asegura que el proyecto de ley no modifica la cuota actual de aprendices que las empresas o personas pueden contratar, que se mantiene en un relación de 1 de 10 de trabajadores. Asimismo, tampoco sería modificada la condición de que esta modalidad sea celebrada una única vez por trabajador.
Reacciones al Contrato de Aprendizaje Extendido
Desde el primer momento de su presentación, como ahora que ya se encuentra en debate, el proyecto de ley 099 de 2021, por el cual se busca formalizar la modalidad de Contrato de Aprendizaje Extendido, ha tenido una gran oposición parte de muchas personas que consideran que es una forma de precarizar todavía más la situación laboral de los jóvenes.
Precisamente, una de las voces contrarias que le ha salido al paso a la propuesta del Centro Democrático es la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que ha calificado la iniciativa como “un atentado contra las condiciones laborales de los jóvenes colombianos”.
Por otro lado, en el Congreso el proyecto también goza de una fuerte oposición de algunos parlamentarios que consideran que esta medida no solucionaría los problemas de fondo del empleo juvenil y ahondaría todavía más las desigualdades salariales y calidad de vida, al tiempo que beneficia principalmente a los empresarios.
Sin embargo, es importante mencionar que en redes sociales se está moviendo una noticia falsa sobre que este proyecto avalaría pagos por debajo del salario mínimo. En realidad, como se pudo apreciar anteriormente, el documento establece específicamente que bajo ningún motivo el apoyo de sostenimiento mensual será inferior a ese valor, así como las prestaciones se tasarán en función de ello.
No obstante, también hay quienes valoran algunos de los puntos del proyecto como lo concerniente a la pensión y demás prestaciones sociales, así como el compromiso subsidiario que adquiriría el Estado con estos gastos. Lejos de eso, aún queda esperar cuál será el futuro de esta iniciativa que desde ya genera debate por tocar uno de los puntos más críticos del debate nacional, que incluso fue eje transversal del Paro Nacional: el trabajo.
