Las redes sociales hoy en día son un espejo de la gran mayoría de discusiones de gran importancia que se dan en la sociedad. Por estos días, por ejemplo, la interrupción del embarazo se ha tomado Twitter por cuenta de una demanda que presentó el movimiento Causa Justa por el aborto ante la Corte Constitucional, que busca “eliminar el delito de aborto del Código Penal para que ninguna mujer vaya a la cárcel por decidir sobre su cuerpo”.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver en todo esto una empresa como Crepes & Waffles? Resulta que la reconocida empresa de gastronomía se ha visto envuelta en una polémica por cuenta de una investigación de la Silla Vacía que la vincula con la organización “provida” ABC Prodein. Un tema que ha resultado especialmente conflictivo a la espera de una decisión de la Corte que podría marcar un antes y un después en materia de Derechos Humanos en Colombia.
De acuerdo con dicho medio, ABC Prodein, “además de centros donde asesoran a las mujeres para que no opten por abortar, tiene colegios y restaurantes comunitarios en barrios pobres como Santa Viviana en Ciudad Bolívar. Además, dictan cursos de emprendimiento para mujeres”.
De acuerdo con el artículo, ABC Prodein ha recibido financiación de Crepes & Waffles, igual que de otras empresas que registran como aliadas en su página web como Envía, Ikenga, la Fundación Bolívar Davivienda y la consultora Think Big. Aún así, cabe preguntarse, ¿acaso estas empresas están haciendo algo malo?
En la propia investigación se señala que la Fundación Bolívar Davivienda ayuda a dicha organización en temas de educación, pero se deja en entredicho qué participación específica tuvo Crepes. Cabe señalar que ABC Prodein tiene diferentes campos de acción además de su enfoque “provida”: estrategias de nutrición para más de dos mil beneficiarios, educación para niños en condición de vulnerabilidad en Bogotá y Antioquia, así como formación en emprendimiento en las zonas de influencia de la organización (no exclusivo para mujeres).
Por otro lado, cabe mencionar que muchos de esos programas están en línea con los pilares de Responsabilidad Social Empresarial de Crepes & Waffles, dentro de los que destacan el compromiso con la eliminación de la discriminación racial y la pobreza, la priorización de madres cabeza de familia al momento de seleccionar personal, préstamos internos para compra de vivienda, salud de la mejor calidad, entre otras iniciativas que se alinean con la atención a poblaciones vulnerables.
Todo esto y más, han hecho de Crepes una de las empresas con mayor reconocimiento entre los colombianos e incluso la ha hecho embajadora de los valores del país, ya que cuenta con presencia en España, México, Ecuador y Chile. A la par, esta reputación generó una fiera respuesta en contra de la campaña de “cancelación” que se extendió en redes sociales por el apoyo a ABC Prodein.
Uno de los comentarios en contra de esta postura, en medio de toda la controversia, decía que aunque financiar este tipo de organizaciones no es un problema, sí lo es cuando “los servicios que ofrecen son desinformar, engañar y persuadir para que las mujeres y personas gestantes no lo ejerzan (el aborto)”.
En Colombia, el aborto es completamente legal cuando existe riesgo para la salud física o mental de la madre, en caso de malformación del feto o de que el embarazo sea producto de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. Además, la Corte Constitucional reconoce la interrupción del embarazo como un “derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres”.
Todo esto, siempre y cuando se trate de un tema voluntario. En este término, yace precisamente el verdadero meollo del asunto para parte y parte, ya que siempre y cuando las organizaciones “provida” no tengan injerencia pura y dura (como el acoso jurídico, exposición mediática, desinformación o trabas en la prestación de un servicio médico), en teoría tienen igual libertad de pensar y actuar como prefieran.
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Sumado a ello, si además adelantan programas postaborto para tratar las posibles secuelas sicológicas del procedimiento (alejándose de los moralismos y la revictimización), estarían en línea con los protocolos de esta práctica a nivel mundial. No obstante, es importante mencionar que generalmente son prestadores de salud quienes están a cargo de este proceso. Según el Documento Técnico del Ministerio de Salud para esta materia, una atención integral de principio a fin puede ser determinante para que una mujer pueda continuar su vida con normalidad.
“La orientación postratamiento, puede ser entonces una excelente oportunidad para brindar apoyo psicológico, restaurar o reforzar el sentido de autoestima que a menudo se altera después de un aborto, contestar preguntas, dar continuidad al proceso de orientación ya iniciado, y determinar si la mujer requiere cuidados especiales”, señala el documento.
Una discusión histórica en la Corte Constitucional
Por todo lo demás, no hay que olvidar que esta es una semana decisiva para el futuro del aborto legal en Colombia. La demanda de “Causa Justa por el aborto” podría producir una respuesta histórica en menos de una semana que despenalice por completo este procedimiento, en orden con la tendencia mundial que apunta a no revictimizar a las mujeres y evitar las llamadas “maternidades forzadas”.
“La Corte tiene en sus manos la decisión histórica de hacer justicia con las mujeres, adolescentes y niñas del país eliminando el delito de aborto del Código Penal”, indica el movimiento en un comunicado, en el que además asegura que la urgencia de esta medida obedece a la necesidad de eliminar un delito que consideran “discriminatorio” y “causante de todas las barreras de acceso al servicio médico de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
A eso hay que sumarle, el alto porcentaje de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en Colombia, materia por la cual el ICBF ya tenía 9.927 procesos abiertos en septiembre de este año. También que, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el país solo un 35% de hijos de mujeres entre los 15 y 19 años de edad son deseados y planeados.
Queda entonces esperar la decisión de la Corte, que en lo que va del año ha enfrentado decisiones importantes sobre si aceptar o no la cadena perpetua, la eutanasia y, ahora, el aborto legal, que tampoco es la primera vez que pasa por el despacho de este tribunal.
