Hidroituango, uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes de Antioquia y de Colombia, sigue siendo uno de los temas más controvertidos en el debate público nacional. Ahora, con el fallo de responsabilidad fiscal proferido contra 26 funcionarios y contratistas por parte de la Contraloría General de la República, se abre un nuevo episodio en este caso que ha dejado pérdidas superiores a los 4,3 billones de pesos al país.
De acuerdo con el comunicado de la entidad, el fallo responsabiliza a título de “culpa grave” a este grupo de personas naturales y jurídicas, dentro del que destacan nombres como el del precandidato presidencial Sergio Fajardo, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Ana Cristina Moreno, ahora presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural.
Asimismo, la Contraloría anunció que se retiraron a dos de los inicialmente imputados por responsabilidad fiscal el pasado diciembre: el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria Correa y Jorge Mario Pérez Gallón.
La decisión llegó como “consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango, que a junio de 2019 excedían en un 114.94% el valor inicialmente planeado, y por el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía a partir de noviembre de 2018”, aseguró la Contraloría en su comunicado.
Igualmente, el ente de control ordenó la “afectación de pólizas por un valor cercano a los 400 mil millones de pesos, y se desvinculó a la aseguradora MAPFRE”. Compañía que el pasado 31 de agosto completó su tercer pago a EPM, que ha recibido 350 millones de dólares por cuenta de la póliza de todo riesgo del proyecto.
Cabe recordar que todo esto nace de la investigación iniciada desde 2019 por la Contraloría, fruto de la emergencia que ocasionó en 2018 el bloqueo del sistema de desvío de las aguas. Un evento que, entre otras cosas, presionó la decisión de inundar el cuarto de máquinas para evitar que el Río Cauca sobrepasara el muro, causando la pérdida total de la estructura.
En su informe técnico, la Contraloría determinó que la causa del fallo de Hidroituango no fue algo natural, sino que obedeció a toda una cadena de errores humanos en la construcción y diseño, que terminaron enfrentándose a la fuerza devastadora del Cauca.
“La contingencia no obedeció exclusivamente a una causa externa, sino que la misma fue producto de defectos constructivos, problemas en el seguimiento y control de las obras, como consecuencia de la ejecución acelerada de las obras para intentar cumplir a toda costa con una fecha de entrada de generación de energía", asegura el documento divulgado por la entidad.
Reacciones a la imputación de la Contraloría
Las respuestas de los nombrados en la lista de la Contraloría no se han hecho esperar. Y lo cierto es que no es para menos, ya que esta decisión podría tener considerables consecuencias para varios de los involucrados (sobre todo para aquellos que ostentan cargos públicos importantes en la actualidad o que aspiran a ocuparlos).
Por su parte, uno de los eximidos de responsabilidad, Aníbal Gaviria, emitió un comunicado en el que celebró la resolución de su caso. El exgobernador de Antioquia aseguró siempre haber estado seguro de la “transparencia” de sus actuaciones.
“Recibo con satisfacción esta decisión en lo personal e institucional. No puedo dejar de expresar a las demás personas e instituciones que continúan vinculadas en este proceso, mi firme confianza en que podrán aclarar y demostrar su correcto actuar”, señaló el funcionario.
Por otro lado, la imputación oficial de Sergio Fajardo como responsable fiscal ha sido una de las que más revuelo ha generado, sobre todo por la incertidumbre que puede generar este hecho de cara a su participación en las elecciones presidenciales de 2022. En este caso específico, su culpa nacería de cuando ejerció como gobernador de Antioquia y miembro de la junta directiva de Hidroituango.
Aunque la Contraloría aseguró que los imputados “cuentan con la oportunidad de interponer los recursos de reposición y apelación”, este es un duro golpe reputacional del que difícilmente podrá recuperarse Fajardo. Sin embargo, el precandidato es optimista y asegura que se concentrará en enfrentar los cargos.
“Tengo la certeza y la tranquilidad de que obramos bien, mi equipo obró bien, con transparencia absoluta. Trabajaremos en el recurso de reposición para mostrar mi inocencia ante la Contraloría. Mucha calma y mucha concentración”, aseguró Fajardo en su cuenta de Twitter.
Cabe mencionar que según la Ley 734 de 2002, mediante la cual se expide el Código Disciplinario Único, “quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente”. Una inhabilidad que, de ser confirmado el fallo en segunda instancia, pondría en jaque mate las aspiraciones de Fajardo.
La ley antes mencionada también estipula que se retirará la inhabilidad sólo cuando “la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales”.
En redes, las posiciones se dividieron entre quienes consideran que se debe seguir el debido proceso en el caso y respetar la presunción de inocencia de Fajardo y quienes desde ya lo declaran culpable de lo que se le acusa.
Otra persona que podría correr la misma suerte que Fajardo (así como cualquiera que actualmente ostente un cargo o contrato con el Estado) es Ana Cristina Moreno, actual presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural, quien tendría que renunciar a su cargo si es finalmente encontrada responsable.
Igualmente, como se había mencionado antes, dentro de los nombres también se encuentra el del exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quien le ha salido al paso a la situación asegurando que agotará todos los recursos de ley para demostrar su inocencia “con la tranquilidad de haber actuado siempre con rigurosidad ética, jurídica y técnica”.
Las cosas así, todavía queda esperar en qué terminará este trágico episodio de uno de los proyectos más ambiciosos de la historia reciente colombiana, con el que se espera empezar a generar gradualmente el 17% de la energía eléctrica del país a partir del 2022.
