Emilio Tapia, otrora condenado contratista corrupto y ahora imputado por el escándalo de los 70 mil millones perdidos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los tiempos de Karen Abudinen, decidió arremeter jurídicamente contra la exministra y algunos medios de comunicación por lo que según él son vulneraciones a su honra y buen nombre.
La tutela en cuestión fue realizada vía online el 1 noviembre y recepcionada en Barranquilla, invocando el derecho al buen nombre por cuenta de algunas declaraciones de la exministra que el imputado contratista considera victimizantes a falta de un fallo judicial en su contra (por lo menos en el caso de MinTIC).
En ese sentido, la tutela del abogado pide: “cesar de manera inmediata y en lo sucesivo, la publicación de notas, reportajes, editoriales, columnas, opiniones o similares en medios, portales y redes sociales como Twitter y otras, en mi contra y mi entorno familiar, que afecten nuestros derechos fundamentalesa la honra, buen nombre, imagen, intimidad personal y familia y prohibición de discriminación a mi nombre”.
De acuerdo con Emilio Tapia, la exministra Karen Abudinen “de manera dolosa y sistemática ha difundido información falsa, tendenciosa, inverídica y parcializada” en su contra, asegurando además que esta no solo ha estado relacionada solo con temas personales, sino que en ocasiones incluso ha transgredido a su intimidad familiar.
Señala entonces, que ha sufrido graves afectaciones al ser “mostrado ante la opinión pública” como “un ‘hampón’, ‘líder de banda criminal’ y ‘delincuente’, haciéndome imputaciones falsas, injuriosas y calumniosa, tales como liderar una banda criminal, líder de delincuentes -por solo señalar algunas de sus falaces aseveraciones- aspectos que, por demás, no han sido objeto de sentencia judicial”, se lee en el recurso judicial.
Toda esta situación, en medio del proceso que atraviesa Emilio Tapia tras ser imputado por peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado, en medio del escándalo de corrupción de Centros Poblados que comprometió 70 mil millones del Estado que estarían destinados a mejorar la conectividad de varias escuelas del país.
En su momento, de acuerdo con la Fiscalía, Tapia se habría quedado con más de 6 mil millones de pesos “que destinó para cubrir gastos personales y cumplir con el pago de dádivas”. Según el comunicado de esta entidad, el imputado habría girado más de 1.100 millones a los dueños de las compañías que facilitaron la fachada para crear la unión temporal que se hizo con la licitación y el resto del dinero lo habría empleado en comprar “obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos de gama alta; préstamos y los honorarios de los abogados que revisaron la parte legal del millonario contrato”.
Por estos hechos, Emilio Tapia no aceptó cargos y permanece privado de la libertad en la Cárcel El Bosque, de Barranquilla, por cuenta de una decisión judicial preventiva que temía que él y otros involucrados pudiesen afectar el curso de la investigación. Aunque, curiosamente, mientras avanza esto, Tapia también terminó vinculado al proceso de corrupción de Emcali, en el que ya fue imputado por fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado (como quien dice, la historia se repite).
En medio de todo, Emilio Tapia, condenado en el pasado por el escándalo del Carrusel de Contratación en Bogotá (el mayor de este tipo en la capital hasta el momento), ha tenido constantes rifirrafes con la exministra de las TIC, Karen Abudinen, con quien se lanzan culpas y calificativos por todo lo relacionado con Centros Poblados. Eso, aunque la otrora funcionaria fuese reconocida como víctima en este proceso.
“Este hampón pretende confundir a la opinión y eso tampoco se lo voy a permitir”, dijo en el pasado Abudinen, junto a un comunicado en el que aseguraba que siendo Ministra denunció “la garantía bancaria presentada por la Unión Temporal Centros Poblados” y que fue así como se dio cuenta de toda la falsedad y finalmente caducó el contrato.
Un hecho que en su momento igualmente fue bastante cuestionado, ya que el escándalo en principio fue revelado por la periodista Paola Herrera y, coincidencialmente, a los días la ministra respondió con toda la contundencia frente a los hechos ya conocidos por toda Colombia.
Emilio Tapia, indignado con los medios por decirle “corrupto”
Basado en todo lo anterior, Emilio Tapia pide que judicialmente se le ordene a la ministra cesar toda esa información que considera victimizante, que se abstenga en el futuro de emitir información de ese tipo e incluso que se pase el caso directamente a Twitter para que la plataforma determine si la conducta de la exministra “atenta contra sus reglas, políticas y directrices”.
No obstante, lo peor es que Emilio Tapia también pidió que se vincule a varios actores de la prensa nacional, entre ellos a Kienyke.com, como terceros actores de la presunta conducta victimizante. Otros medios aludidos fueron la Revista Cambio, Infobae, W Radio, Revista Semana, MSN.COM, RCN noticias y La FM.
“Vincular como tercero, con interés y responsabilidad directa frente a los hechos aquí plasmado, a los portales y /o medios de comunicación que difunden los agravios y vulneraciones contra mi realizadas por parte de la exministra doctora KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE, en menoscabo de los derechos fundamentales que hoy depreco su protección constitucional”, pide el imputado contratista.
Para probarlo, cita varios artículos de prensa en los que se cita a la exministra Abudinen, específicamente cuando se refirió a él como “hampón” o “cabeza de banda criminal”, que es el caso en el que termina incluido esta casa editorial. Todo esto, asegura, habría vulnerado su “honra, buen nombre, imagen, intimidad personal y familiar y prohibición de discriminación”.
Así las cosas, queda entonces esperar cómo avanza este nuevo proceso, en el que aparte de presionar a Abudinen, el otrora condenado por corrupción y ahora imputados dos veces por lo mismo, Emilio Tapia, pretende que los medios no puedan registrar temas de importancia nacional, como claramente lo son los enfrentamientos entre dos nombres que resonaron bastante en el escándalo de corrupción de Centros Poblados. Uno más de los tantos casos de presión judicial contra la prensa que a diario se viven en Colombia.
