Los nuevos confinamientos en Colombia y la débil recuperación de la economía han reabierto el debate por la renta básica permanente para los hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. La Conferencia Episcopal se unió al llamado que hacen varios congresistas para que el presidente Iván Duque establezca dicho programa en el país.
Es clave señalar que cuando la pandemia llegó a Colombia, a comienzos de abril del año pasado, 54 Senadores con el respaldo de miles de firmas remitidas por organizaciones de todo el país, le propusieron al gobierno que estructurara en el marco de la emergencia económica, social y ambiental, la Renta Básica de Emergencia que entregara a los hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad un salario mínimo de $877.000 mensuales durante tres meses para que pudiesen sobrevivir y resguardarse en casa.
En vista de que la idea no fue acogida por el gobierno, presentaron un proyecto de ley con la propuesta. Sin embargo, las mayorías de la Comisión 3° del Senado se inclinaron por la posición del gobierno y no dieron vía libre al proyecto de ley.
"Los programas sociales del gobierno transfieren solo $160.000 mensuales por hogar, es decir, un promedio de $48.500 por persona al mes, cifra a todas luces precaria para sostener a colombianos(as) que padecen hambre", dice la carta enviada por los congresistas al presidente Iván Duque.
Así mismo, expresaron que la idea de la Renta Básica responde al derecho de cada persona en Colombia de vivir con dignidad y al deber que le impone la Constitución de 1991 al Estado de proteger ese derecho fundamental de los compatriotas en condiciones de pobreza.
El programa de Renta Básica Permanente que proponen los congresistas beneficiaría a 7,46 millones de hogares, cerca de 30 millones de colombianos. El costo anual de estas transferencias equivale a 3.7% del PIB, cifra que consideran alcanzable si se tiene en cuenta que se fusionarían todos los programas asistenciales que en la actualidad se vienen ejecutando. Las transferencias monetarias actuales cuestan al año cerca de 1.4% del PIB.
"Quiere decir que la cifra de gasto público que seria necesario incrementar al año para financiar el programa equivale a un 2.3% del PIB, cuantía susceptible de alcanzar si, entre otras medidas, se utilizan recursos públicos disponibles en el Fondo de Emergencia FOME, se reordena el gasto público de acuerdo con las prioridades del país y se tramita cuanto antes una reforma tributaria".
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La Conferencia Episcopal se unió a la petición de los congresistas y a través de un comunicado sostuvo que, valora y anima las iniciativas que se encaminan a superar la crisis en Colombia, e invitó a seguir promoviendo la participación de todos en la búsqueda de soluciones para formalizar cada vez más el empleo, abrir nuevas plazas de trabajo, respetar los derechos de los trabajadores y procurar condiciones laborales dignas para todos.
"La Conferencia Episcopal reconoce, así mismo, la ayuda que se ha brindado, a través de diversos programas, a quienes se han quedado sin empleo; sería laudable que se pueda avanzar hacia formas de asegurar de manera permanente una renta básica para los sectores más pobres y vulnerables, como algunos lo vienen promoviendo, ya que ésta es una manera de expresar conciencia social y de construir solidariamente la justicia social".
