Una vez más se avivó en Colombia el debate sobre si imponer o no cadena perpetua a los violadores de menores de edad. La discusión volvió a cobrar relevancia este año luego de que se conociera el caso de abuso sexual y feminicidio de Sharik Buitrago, de 9 años, registrado el pasado miércoles 10 de julio en el Guaviare.
A raíz de este hecho, el presidente Iván Duque anunció que impulsará una propuesta en el Congreso para promover la medida, ya sea por medio de una nueva reforma constitucional o por una ley de referendo.
La iniciativa, que ya se ha hundido cinco veces en el Congreso, es apoyada por sectores políticos conservadores y por el gabinete de Duque, quienes afirman que serviría para luchar contra las violaciones sexuales, un crimen que en 2018 dejó unas 64 víctimas diarias.
Sin embargo, penalistas y defensores de DDHH explican que la medida no es una solución real a la problemática y vulneraría tratados internacionales ratificados por Colombia.
Mónica Roa, abogada y defensora de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, afirma que la propuesta de cadena perpetua “hace sentir a la gente que se están tomando medidas para resolver un problema, pero no ayuda a resolver nada”.
El problema real, afirma la experta, consiste en que se interponen pocas denuncias y se llegan a muchas menos condenas. “Los violadores saben que existe un doble rasero. Aunque familias, colegios e iglesias tienen un discurso de preocupación máxima por el bienestar de los niños y niñas, a la hora de la verdad, cuando aparece un caso, estas instituciones prefieren encubrirlo para proteger su reputación”, dice la abogada.
Lea también: Menores habrían abusado de niño de 7 años en Medellín
Lea también: India aprobó pena de muerte a violadores de niños
En el 75% de los casos de abusos sexuales el agresor es una persona que tiene la confianza y el afecto del menor. Muchas veces es un miembro de su familia o cercano a ella. “Se genera una confusión porque los niños y niñas sienten miedo y cariño por esa persona y no están seguros sobre si lo que les pasa es malo o no, o en otros casos creen en las amenazas que estos agresores usan para disuadirlos, como que les van a hacer daño a ellos o a otras personas importantes para ellos”, explica Roa.
Muchas veces, una vez los niños deciden hacer pública su queja, las familias, los colegios y las iglesias, las instituciones donde este tipo de abusos ocurren con mayor frecuencia, ponen en duda la versión del menor y en muchos casos lo acusan de decir mentiras, por lo que terminan encubriendo estas situaciones.
“Los pocos casos que llegan a denunciarse oficialmente enfrentan otra serie de obstáculos de la justicia, como por ejemplo el mal manejo de las pruebas y la cadena de custodia”, añade Roa.
[single-related post_id="1138726"]
Los casos que logran una condena son la excepción. “Nuestros esfuerzos deberían enfocarse en incentivar las denuncias y luchar contra el encubrimiento y la impunidad”, concluye la abogada.
Las afirmaciones de la abogada están sustentadas por datos. Según un estudio publicado por la ONG Sisma Mujer, el subregistro en los casos de violencia sexual llegaría al 95% en Colombia.
Medicina Legal indica que casi el 90% de las víctimas de delitos de violencia sexual son menores de edad.
Aníbal García, abogado penalista con 12 años de experiencia en la Fiscalía, explica que imponer prisión perpetua, además de ser una medida inefectiva, vulneraría tratados internacionales ratificados por Colombia. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos.
“La tendencia a nivel internacional es todo lo contrario”, dice el experto. “Es muy difícil pensar que un país que ha entrado en el respeto de los derechos humanos y de principios como la dignidad humana trate de implementar penas graves como la cadena perpetua o la pena de muerte. Sería como caminar hacia atrás”, añade.
[single-related post_id="1097860"]
Otro argumento que esgrimen expertos contra la medida de cadena perpetua es el costo de mantener a numerosos convictos en la cárcel durante toda su vida. Un informe de la Comisión Asesora de Política Criminal, realizado por petición del Ministerio de Justicia, explica que si se implementa la medida se terminaría gastando más dinero en la manutención de los victimarios que en el bienestar de las víctimas y en políticas de prevención.
El documento, elaborado por 10 expertos, especifica que sostener a un preso cuesta más de COP 18 millones anuales. Con ese dinero se podría pagar la educación anual de casi tres decenas de niños y niñas.
