La exsenadora colombiana Piedad Córdoba anunció esta semana que, después de varios años de trabajar en el sector público, decidió decir adiós y retirarse definitivamente del mundo de la política.
Según confesó la excongresista, esta decisión la tomó luego de las elecciones presidenciales del 2018. Contó que, después de que declinó su candidatura presidencial por falta de apoyo, sufrió de una fuerte depresión por causa de los diferentes obstáculos que se le presentaron en ese momento en la vía política.
Piedad Córdoba contó en diálogo con Telemedellín que desde que renunció a su candidatura presidencial en 2018 "sufrió golpes emocionales muy fuertes", pues no tuvo el suficiente apoyo de los sectores independientes con los que ella contaba.
"Para mí fue muy duro que, cuando yo requerí el apoyo para la candidatura, a mí todos los sectores alternativos me dieron la espalda (...) yo entré en una depresión muy fuerte, porque es como si yo hubiera perdido todo el tiempo que había hecho en política, como si hubiera echado por una cañería un prestigio político tan importante como el que yo tenía, que lo hice sin puestos, que lo hice sin contratos, que lo hice a punta de debates en el congreso", dijo en la entrevista.
La exlegisladora mencionó que, incluso, en 2019 perdió el conocimiento y estuvo 20 días hospitalizada en una clínica de La Habana, Cuba. Además, comentó que, cuando regresó al país, tomó la decisión de retirarse de la política para siempre.
"Yo tomé la decisión de retirarme de absolutamente todo (...) últimamente me han llamado para que participe, que mi voz hace falta, que vuelva. Yo no vuelvo. Aquí la política es muy rastrera. Yo soy una persona que hace política de manera argumentativa", señaló.
Piedad Córdoba fue senadora entre los años 1994 y 2010. Participó como facilitadora del Acuerdo Humanitario en 2007, a pesar de ser una de las más férreas opositoras del gobierno de Alvaro Uribe Vélez.
El 27 de septiembre de 2010, la Procuraduría General decidió destituirla de su cargo como senadora y la inhabilitó por 18 años para ejercer oficios gubernamentales. Sin embargo, en 2016 la sección segunda del Consejo de Estado tumbó esta sanción, lo que permitió que la exsenadora lanzara su candidatura para la carrera presidencial en 2017.
